El gobernador Roy Cooper y el gobernador electo Josh Stein presentaron una demanda el 12 de diciembre contra líderes legislativos republicanos de Carolina del Norte, un día después de que la Asamblea General anulara un veto que despojaría de poder a muchos de los principales líderes del estado.
Entre los otros poderes reasignados se encuentra el papel del nuevo gobernador, quien es demócrata, de supervisar los nombramientos para la Junta Electoral, que se transferirá al auditor estatal, quien actualmente es republicano.
“Romper la cadena de mando del poder ejecutivo en la aplicación de la ley o en cualquier otra agencia del poder ejecutivo es inconstitucional y debilita nuestra capacidad de responder a las emergencias y mantener a salvo al público”, dijo Cooper en una declaración.
El presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, el presidente del Senado, Phil Berger, y el comandante de la Patrulla Estatal de Carreteras, Freddy Johnson, fueron nombrados como acusados en la demanda.
¿Qué es la SB-382 y por qué es polémica?
El proyecto de ley SB-382, aprobado tras anular el veto del gobernador, incluye disposiciones que debilitan los poderes del gobernador y otros funcionarios electos. La ley transfiere funciones clave del ejecutivo hacia la Asamblea General, controlada por una mayoría republicana, lo que Cooper califica como inconstitucional.
Entre los cambios más controvertidos está la asignación directa del comandante de la Patrulla de Carreteras hasta 2025, quien además no podrá ser destituido por el gobernador. Esto representa, según la demanda, una “violación directa” de los poderes ejecutivos del gobernador.
“La legislatura no puede hacer las leyes y luego elegir a quienes las hacen cumplir”, afirmó Cooper. “Esto debilita nuestra capacidad para responder a emergencias y mantener a salvo al público”.
Gobernador Vs. Asamblea: separación de poderes
El SB-382 incluye varias disposiciones que socavan la separación de poderes y centralizan funciones en la legislatura. Entre ellas:
- Menos nombramientos ejecutivos: El gobernador pierde la capacidad de nombrar a miembros de la Junta Estatal de Elecciones, lo mismo ocurre con el comandante de la Patrulla de Carreteras del Estado (NC Highway Patrol).
- Nombramientos judiciales controlados: Obliga al gobernador a seleccionar jueces de una lista proporcionada por el partido político del juez saliente, afectando la independencia judicial.
- Restricciones al fiscal general: Limita su participación en demandas contra la legislatura y en casos de defensa del consumidor.
- Reducción de supervisión educativa: Elimina la capacidad del superintendente de educación para apelar decisiones sobre escuelas autónomas.
Implicaciones para ciudades en desarrollo
La ley también restringe la capacidad de las ciudades para gestionar su desarrollo urbano. Por ejemplo, prohíbe reducir la densidad de desarrollo en ciertas áreas sin el consentimiento de todos los propietarios. Esto afecta directamente proyectos de transporte y preservación ambiental.
“Estamos defendiendo la Constitución y los derechos de los habitantes de Carolina del Norte”, concluyó Cooper.