El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, vetó un proyecto de ley que, si bien lleva por nombre brindar ayuda por desastres, en la práctica busca redistribuir ciertos poderes de la gobernación hacia la Asamblea General, controlada por mayoría republicana. Se trata del proyecto de ley SB-382.
Cooper: “Un engaño legislativo disfrazado de alivio por desastres”
Cooper calificó la ley como un “engaño” y aseguró que es inconstitucional. “Este proyecto de ley no envía dinero a las comunidades afectadas por el huracán Helene, sino que viola la Constitución al reducir los poderes del próximo gobernador”, dijo Cooper.
El documento de 132 páginas adicionalmente busca modificar ciertos beneficios de empleo. Una cláusula impide que el gobernador suspenda las leyes estatales para aumentar los beneficios por desempleo tras desastres naturales. Esto invalida una orden ejecutiva reciente que incrementaba temporalmente los pagos de $350 a $600 por semana.
“En lugar de otorgar subvenciones a las pequeñas empresas de los condados afectados por desastres, asesta un golpe cruel al bloquear la extensión de mejores beneficios de desempleo para las personas que han perdido sus empleos debido a desastres naturales”, agregó.
Aunque el proyecto de ley asigna $227 millones para futuros esfuerzos de recuperación, Cooper argumentó que esta cifra no es suficiente, ya que evita gastar dinero estatal ahora y apuesta por posibles fondos federales en el futuro.
Limita poderes al gobernador y otros funcionarios
Según Cooper, el proyecto de ley debilita poderes clave de su oficina, tales como:
Menos nombramientos de autoridades: Se quita al gobernador la facultad de nombrar miembros de la Junta Estatal de Elecciones y transfiere la supervisión electoral al auditor estatal, cargo ganado por un republicano. Según los legisladores, esto busca crear “equilibrio” en la administración electoral.
Lo mismo ocurre con nombramientos de la Patrulla de Carreteras (NC Highway Patrol), y la Comisión de Servicios Públicos.
Menos jueces: La ley obliga al gobernador a seleccionar jueces vacantes a partir de una lista proporcionada por el partido político del juez saliente, algo que Cooper calificó como un movimiento político para castigar a jueces independientes.
Restringe al fiscal general: La ley limita la capacidad del fiscal general para participar en demandas que desafíen decisiones legislativas, además restringe la capacidad de defender a los consumidores en casos que involucran precios de servicios básicos, como la electricidad.
Superintendente de Educación. Elimina el poder de apelar decisiones relacionadas con escuelas autónomas y transfiere la supervisión del Centro de Escuelas Seguras a la Oficina de Investigación Estatal (SBI).
Impacto en ciudades y desarrollo urbano
Otro elemento controvertido del proyecto afecta las zonas de planificación urbana en ciudades en crecimiento como Charlotte, Raleigh, Durham y Chapel Hill.
La ley prohíbe a los municipios reducir la densidad de desarrollo en ciertas propiedades sin el consentimiento de todos los propietarios afectados. Esto limitaría la capacidad de las ciudades para implementar planes de transporte o proteger áreas sensibles como cuencas hidrográficas.
¿Se convertirá en ley?
El Senado y la Cámara de Representantes regresarán la próxima semana a votar para intentar anular el veto. Los republicanos en la Asamblea General aún cuentan con una “supermayoría” que puede anular el veto de Cooper. Sin embargo, el destino del proyecto depende de tres republicanos de la Cámara que votaron en contra inicialmente, incluyendo al representante Mark Pless, quien afirmó que no podía respaldar una ley titulada “alivio por desastres” que no cumplía con su objetivo.