Lo que debía ser una cita de chequeo migratorio (check-in) anual terminó con la separación y detención de tres integrantes de una familia venezolana de Carolina del Norte. Hoy Francelis fue liberada bajo fianza de una cárcel migratoria, su esposo igual, pero su hijo aún permanece en Stewart Detention Center desde hace siete semanas. Ahora, los padres buscan recursos para conseguir su liberación y continuar el proceso migratorio que iniciaron hace seis años.
Les pidieron firmar una deportación voluntaria
Francelis Escobar, su esposo Carlos Hernández y su hijo Jhon Hernández salieron durante la madrugada del 9 de septiembre de su vivienda en Holly Springs para llegar a su cita migratoria en Charlotte, programada para las 9:00 a.m. La cita era en las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ubicadas en 6130 Tyvola Centre Dr, Charlotte, NC 28217.
“A mí no me tocaba presentarme, pero como nosotros queremos hacer las cosas bien, yo llevé mi documento con mi esposo y le dije que también quería hacer el chequeo. Decidimos ir todos a esta misma cita”, contó Francelis.
La familia llegó a las oficinas de inmigración alrededor de las 7:00 a.m. e hicieron la fila para esperar su turno. “Cuando estábamos esperando, nos entregaron un documento que nunca antes nos habían entregado y nos pidieron llenarlo. Pero vimos que al final decía: ‘Sí, queremos la salida voluntaria’. Mi esposo, mi hijo y yo nos miramos y le dijimos al oficial que no porque estamos peleando nuestro caso”, narró.
“Cuando entramos a la oficina, llamaron a mi hijo y luego no sale. Me empecé a desesperar, pero mantuve la calma. Al rato llaman a mi esposo. La última fui yo, pero antes de eso, ninguno de ellos regresó. Me llamaron a mí y entré a un cuarto en esas oficinas y me dijeron que estaba detenida por entrar ilegal al país. Yo dije que yo no soy ninguna delincuente… Ellos me esposaron y me hicieron entrar a otra oficina, donde estaban mi esposo e hijo también con esposas. Ya los estaban procesando”, describió.
De Charlotte a Georgia: comenzó la separación
Francelis explicó que su esposo emigró de Venezuela a Carolina del Norte en 2021, ella en 2022 y su hijo en 2023. Los tres tienen una petición migratoria pendiente. Pero solo su esposo tiene una cita programada en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte en el 2027.
Cuenta que desde que ingresaron al país, todos los años acudían a sus citas de chequeo en la Tyvola y jamás pensaron que esto terminaría en su detención. Sin embargo, cuenta que, al ver menos personas que en otros años, pensó que los rumores de ‘detenciones en los alrededores’ podrían ser ciertos.
Esa misma noche, la familia fue trasladada al Stewart Detention Center, en Georgia. Una vez allí, los procesaron y los separaron. Su comunicación quedó reducida a dos llamadas telefónicas.
“A los 15 días de estar detenida, una mañana me dijeron que me tenía que levantar y recoger mis cosas, pero no me decían más nada. Subí y bajé de aviones, luego buses. Llegamos a Texas, Louisiana, hasta que finalmente llegué a California. Ni siquiera sé cuántos días transcurrieron o si fue una semana o dos”, recordó.
En California fue procesada y un juez le concedió una fianza de $5,000 el 14 de octubre. Con ese monto pudo recuperar su libertad. Mientras Francelis estaba detenida, su esposo también tuvo una audiencia. Un juez le fijó una fianza de $15,000, que pudo pagar con ayuda de su hermana.
“Cuando mi esposo salió, salió muy triste porque dejó a mi hijo y ellos entraron juntos”, añadió.
Los padres salieron, pero su hijo no tuvo la misma oportunidad
El viernes 16 de octubre, Francelis finalmente salió en libertad. El siguiente lunes (19 de octubre), su hijo tuvo una audiencia, pero no recibió una fianza.
“Ni siquiera sabemos por qué se la negaron. Dice el abogado que fue porque nosotros entramos en diferentes años y él solo tenía tres años en este país. Estoy buscando un abogado desesperada porque cada segundo ahí cuenta y no veo todavía la luz. Hemos llamado a varios, pero están cobrando demasiado y las organizaciones tardan mucho en responder”, lamentó.
Antes de su detención, Jhon trabajaba en un establecimiento de comida rápida y estudiaba ciberseguridad en Wake Technical Community College.
“Él no tiene antecedentes penales, recién sacó su licencia y queríamos apoyarlo a avanzar con sus estudios. Hablo con él y me dice que está confiando en Dios y que en cualquier momento va a salir… pero sé, por mi experiencia, que cuando uno está dentro y pierde hasta la noción del tiempo”, indicó.
La familia creó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos destinados a contratar un abogado, cubrir los gastos legales y buscar alternativas para conseguir la liberación de Jhon. Para apoyarlos, visite el siguiente enlace.
