Cuatro inmigrantes, incluidos dos residentes de Carolina del Norte, presentaron una demanda colectiva contra el gobierno federal por una política que permite a ICE detener nuevamente a personas que habían sido liberadas mientras avanzaban sus procesos migratorios, incluso cuando cumplían con las condiciones establecidas por las autoridades.
La demanda fue presentada el 12 de noviembre ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia por las organizaciones ACLU de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, junto con el bufete Foley Hoag LLP.
Los demandantes sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificó, sin una justificación adecuada, una política migratoria vigente durante más de cuatro décadas.
Según ACLU, cientos o posiblemente miles de inmigrantes han sido detenidos nuevamente desde mayo de 2025 en la jurisdicción de la oficina de ICE en Atlanta, que comprende las Carolinas y Georgia.
¿Quiénes son los inmigrantes que demandaron a ICE?
Los cuatro demandantes tienen solicitudes de alivio migratorio pendientes y habían sido liberados previamente de la custodia de inmigración. Se trata de:
- Lívinton Sosa Martínez, nicaragüense de 41 años, residente de Greensboro, Carolina del Norte.
- Raquel Mariona Ebora, hondureña de 39 años, residente de Dunn, Carolina del Norte.
- Álvaro Ibáñez Cárdenas, venezolano de 35 años, residente de Athens, Georgia.
- Ambrosio Trujillo Zavaleta, mexicano de 46 años, residente de Savannah, Georgia.
Los cuatro buscan representar a otras personas afectadas por la misma política mediante una demanda colectiva.
¿Por qué ICE puede volver a detener a inmigrantes liberados?
Según la demanda, durante más de 40 años la oficina de ICE en Atlanta aplicó una política conocida como “Changed Circumstances Policy”. Esta establecía que, antes de detener nuevamente a una persona previamente liberada, las autoridades debían determinar individualmente si sus circunstancias habían cambiado de manera significativa.
Por ejemplo, quienes cumplían con sus citas migratorias, asistían a las audiencias judiciales y respetaban las condiciones de liberación podían permanecer fuera de detención mientras continuaban sus procesos.
Sin embargo, en mayo de 2025 el DHS habría reemplazado esta práctica por una política que permite nuevas detenciones sin demostrar cambios sustanciales en las circunstancias individuales, según los demandantes.
Para ACLU algunas personas fueron arrestadas durante sus citas rutinarias con ICE, pese a haber cumplido anteriormente con las condiciones de liberación. Estas detenciones han provocado separaciones familiares, interrupciones laborales y dificultades para recibir atención médica y legal.
“Nuestros clientes han cumplido con las reglas que el gobierno les impuso”, afirmó Corina Scott, abogada de ACLU de Carolina del Norte.
¿Qué buscan conseguir con la demanda?
Los demandantes solicitan que el tribunal declare ilegal la nueva política, impida su aplicación y restablezca las protecciones anteriores. También piden suspender temporalmente las nuevas detenciones basadas en esa política mientras continúa el proceso judicial.
La demanda invoca la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra detenciones irrazonables.
Un tribunal federal ya declaró ilegal esta política y suspendió temporalmente su aplicación en la jurisdicción de la oficina de ICE en San Francisco.
