Overview:
El gobierno encabezado por Joe Biden lanzó dos nuevas reglas para las aerolíneas, donde se busca que los usuarios tengan un mejor servicio.
El gobierno presentó una nueva en el que las aerolíneas tendrán que hacer pagos a los usuarios en efectivo si cancelan un viaje o hay un retraso en un vuelo.
Además, hay otra regla que beneficiará a los usuarios del transporte aéreo en lo que se refiere a las tarifas que muestran las empresas de vuelos.
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¿De qué trata la nueva regla para las aerolíneas por cancelaciones y retrasos?
La regla de reembolso automático exige que las aerolíneas devuelvan automáticamente el dinero completo en casos como cancelaciones de vuelos, cambios significativos, retrasos en la devolución del equipaje y la falta de servicios a bordo pagados, como Wi-Fi.
Según el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, "Los pasajeros merecen recuperar su dinero cuando una aerolínea les debe, sin dolores de cabeza ni regateos".
¿De qué trata la regla contra "tarifas sorpresa"?
La segunda regla busca eliminar las "tarifas basura sorpresa", obligando a las aerolíneas a detallar y explicar claramente todas las tarifas adicionales en sus plataformas web u otros medios de venta. Esta normativa también incluye la prohibición de prácticas engañosas que promocionan descuentos y no los dan.
¿Qué pasa si las aerolíneas no cumplen?
Buttigieg enfatizó la importancia de estas medidas en un evento en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, destacando que el Departamento de Transporte ha impuesto "sanciones multimillonarias" a las aerolíneas en el pasado por no cumplir con los reembolsos.
Estos anuncios llegan después de una serie de incidentes aéreos relacionados con problemas en aviones Boeing, lo que ha llevado a investigaciones regulatorias y ha obligado a importantes aerolíneas a revisar sus prácticas comerciales.
Además de las reglas anunciadas, la Casa Blanca propone medidas adicionales, como prohibir las tarifas adicionales por asientos para padres que viajan con niños y ampliar la accesibilidad para pasajeros con discapacidades.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de la administración Biden para abordar lo que llaman "estafas corporativas", extendiéndose a varios sectores económicos.
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