Una reciente investigación revela problemas en los recientes esfuerzos por reclutar más agentes en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La agencia contrató cerca de 12,000 nuevos oficiales para reforzar su capacidad en operativos migratorios. El objetivo es apoyar la política de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump. El problema es que ICE aceleró el proceso de contratación para cumplir metas ambiciosas, generando preocupaciones sobre la falta de verificación adecuada de antecedentes, según un reporte de The Associated Press.
Algunos nuevos agentes comenzaron a trabajar antes de completar sus revisiones de seguridad. Expertos advierten que esto aumenta el riesgo de abusos y errores en el cumplimiento de la ley.
“Si el proceso de verificación no se lleva a cabo adecuadamente y se realiza con demasiada premura, existe un mayor riesgo de que aumente la responsabilidad de la agencia debido a malas actuaciones, abuso de poder y la incapacidad para cumplir debidamente con la misión, dado que el personal desconoce lo que está haciendo”, afirmó Claire Trickler-McNulty, quien se desempeñó como funcionaria del ICE durante las administraciones de Obama, la primera de Trump y la de Biden.
Casos que generan alarma
La agencia afirma que la mayoría de las nuevas contrataciones son veteranos de la policía y del ejército. Sin embargo, cada vez hay más indicios de que los candidatos con antecedentes cuestionables no fueron sometidos a una verificación exhaustiva antes de ser incorporados, o bien fueron contratados a pesar de su pasado, según The Associated Press.
La investigación identificó varios perfiles preocupantes entre los nuevos agentes. Entre ellos: un agente con dos bancarrotas y múltiples empleos en poco tiempo. Carmine Gurliacci se declaró en bancarrota en 2022, alegando que no tenía ingresos y que había permanecido desempleado durante dos años tras mudarse de Nueva York a Georgia. También se declaró en bancarrota en 2013 en Nueva York, momento en el que declaró pasivos por valor de $95,000.
Otra nueva incorporación de ICE es Andrew Penland, quien había pasado la mayor parte de su carrera como agente en el condado de Bourbon, Kansas, pero se marchó el año pasado tras enfrentar una demanda en la que se alegaba que arrestó a una mujer basándose en acusaciones falsas en 2022.
Antonio Barrett, es un candidato de ICE que abandonó su trabajo policial tras solo tres semanas. Anteriormente, trabajó como oficial correccional en una prisión de Colorado. Fue acusado en una demanda por uso excesivo de la fuerza.
Problemas estructurales en el proceso
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que algunos candidatos recibieron ofertas antes de completar verificaciones. También afirmó que la evaluación de antecedentes es un proceso continuo.
“ICE se compromete a garantizar que su personal de aplicación de la ley se rija por los estándares más elevados y lo somete a un riguroso proceso de verificación a lo largo de todo el proceso de contratación”, declaró el DHS. “La verificación es un proceso continuo, no un hecho aislado”.
Sin embargo, la gran cantidad de contrataciones ha puesto presión sobre los sistemas de control.
El proceso incluye revisar sus antecedentes penales y puntajes crediticios, así como realizar investigaciones de antecedentes que implican entrevistar a empleadores anteriores y a otros asociados, lo cual puede llevar semanas. Sin embargo, la avalancha de contrataciones ha puesto bajo presión a la agencia, la cual prometió bonos de contratación de hasta $50,000 y anunció que no se requieren títulos universitarios.
Falta de transparencia
ICE dice que no publica información detallada sobre sus empleados por razones de seguridad. Esto dificulta evaluar cuántos agentes podrían tener antecedentes problemáticos.
Investigadores analizaron más de 40 perfiles públicos, pero no pudieron acceder a archivos completos.
Además del reclutamiento, expertos cuestionan la calidad del entrenamiento. Un exinstructor de ICE, Ryan Schwank, testificó en febrero. Dijo que ICE recortó la capacitación sobre el uso de la fuerza, la seguridad con armas de fuego y los derechos de los manifestantes. Afirmó que los nuevos reclutas incluyen a algunos de tan solo 18 años que carecen de títulos universitarios y cuyo idioma principal no es el inglés.
¿Qué significa esto para la comunidad?
El aumento de agentes busca intensificar la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, críticos temen que la falta de controles adecuados afecte a comunidades vulnerables, incluyendo inmigrantes latinos.
La combinación de contrataciones rápidas y menor supervisión podría tener consecuencias en las calles cuando se ejecuten acciones migratorias.
Este artículo se elaboró con información de The Associated Press.