El Gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, acaba de vetar un proyecto de ley antiinmigrante que buscaba obligar a las oficinas de los alguaciles del estado a colaborar con los agentes de Inmigración.
Este veto ocurre a pocas horas de que la Asamblea Legislativa estatal aprobara el proyecto de ley HB-370, bajo el cual los alguaciles tendrían que verificar el estatus migratorio de los inmigrantes arrestados, ya no solo por un delito grave, sino por cualquier delito que los lleve a la cárcel.
Esta legislación se trata simplemente de obtener puntos políticos partidistas y usar el miedo para dividir a Carolina del Norte. Como ex alto funcionario de cumplimiento de la ley de nuestro estado, sé que la ley actual permite al estado encarcelar y enjuiciar a criminales peligrosos independientemente de su estado migratorio. Este proyecto de ley, además de ser inconstitucional, debilita la aplicación de la ley en Carolina del Norte al ordenar a los alguaciles que hagan el trabajo de agentes federales utilizando recursos locales, lo cual podría afectar su capacidad para proteger a sus condados
, aseguró el gobernador.
Cooper igualmente señaló que otra de las razones por las cuales rechazó este proyecto de ley, fue porque estaba dirigido para atacar específicamente a alguaciles que fueron elegidos el año pasado, y que ya no acatan las solicitudes de retención de indocumentados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a menos de que vengan de un juez.
Finalmente, para elevar su indulgente política partidista, la Legislatura ha hecho que si un alguacil no cumple con este nuevo deber de inmigración, esta falta sea específicamente una causal para la destitución de un alguacil de su cargo
, concluyó Cooper.
¿Podrán superar el veto?
La Asamblea General del estado es de mayoría republicana, sin embargo en la elección de noviembre pasado perdieron la supermayoría
parlamentaria, es decir, ahora ya no pueden superar el veto del gobernador demócrata.
A principios de los legisladores republicanos de Carolina del Norte intentaron sin éxito anular el veto del gobernador Cooper a una legislación sobre el aborto, y más adelante ocurrió lo mismo sobre el presupuesto estatal, en una pugna de poderes que se intensifica conforme se acercan las nuevas elecciones.