Tras una monumental derrota electoral, el presidente Donald Trump dijo el 8 de noviembre al programa 60 Minutes que los republicanos perdieron el Congreso por aprobar políticas migratorias “muy duras”. ¿Este cambio en el balance político de la nación se traducirá en menos redadas en 2027?
Por un lado, la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre abre la posibilidad de un mayor escrutinio de las actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero el gran obstáculo es que la agencia cuenta con financiamiento que no depende del Congreso.
Si bien el Poder Legislativo es el encargado de aprobar y supervisar los fondos que recibe cada agencia del Ejecutivo, el 4 de julio del año pasado, ICE fue el principal beneficiario de una ley presupuestaria firmada por el presidente Trump, llamada “One Big Beautiful Bill Act”, que proporcionó $75,000 millones, adicionales a los $10,000 millones anuales de su presupuesto.
El dinero fue aprobado para financiar distintas actividades de la agencia, incluidas operaciones migratorias y la ampliación de su capacidad de detención.
Esto significa que un cambio en el control del Congreso no implica automáticamente el fin de las redadas, detenciones o deportaciones; igualmente, no frena la construcción de gigantescos centros de detención de inmigrantes en estados como Carolina del Norte.
Para modificar o eliminar ese financiamiento sería necesario aprobar nueva legislación, sin embargo, el presidente la podría vetar.
¿Cuánto dinero recibió ICE para operaciones migratorias?
Estos $75,000 millones extraordinarios se distribuyeron principalmente entre dos áreas: ampliación de centros y capacidad de detención ($45,000 millones), y operaciones migratorias, deportaciones y contratación de personal ($30,000 millones).
Los recursos también contemplan la ampliación del personal encargado de hacer cumplir las leyes migratorias. Parte del financiamiento permitiría contratar hasta 10,000 agentes adicionales.
El período de disponibilidad de estos recursos se extiende hasta septiembre de 2029. Esto permitiría que determinadas actividades financiadas por la legislación continuaran incluso después de que termine el actual mandato presidencial de Trump.
¿Qué pueden hacer los demócratas para supervisar a ICE?
Aunque el financiamiento aprobado previamente limita la capacidad de reducir inmediatamente los recursos de ICE, el Congreso dispone de otras herramientas. Entre ellas, las investigaciones legislativas, las audiencias públicas y las solicitudes de documentación.
Los legisladores pueden convocar a funcionarios para que rindan cuentas, solicitar documentos sobre políticas, contratos y gastos, investigar posibles abusos o violaciones de derechos y celebrar audiencias públicas con especialistas y personas afectadas. Además, pueden proponer reformas legislativas para modificar las facultades y procedimientos de las agencias migratorias, así como negociar condiciones o restricciones sobre su financiamiento futuro, dentro de los límites establecidos por la ley.
La realidad es que ICE conserva facultades legales y recursos para continuar sus actividades. La principal diferencia es que el Congreso podría ejercer una supervisión más intensa sobre las actuaciones de la agencia. El alcance real de esas medidas todavía está por definirse.