Más de 30,000 estudiantes ausentes en las escuelas del Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg (CMS), negocios afectados aún nueve meses después, familias separadas y más de 1,000 reportes de actividad migratoria. Estos son algunos de los impactos que líderes comunitarios llevaron a una audiencia sobre los operativos migratorios que afectaron Carolina del Norte. Esta se llevó a cabo el 2 de septiembre en Charlotte.
El objetivo de estos testimonios, al igual que el de otras 25 personas, entre ellas vecinos inmigrantes afectados y empresarios, es presentarlos ante el nuevo Congreso que asumirá en enero. La meta final es exigir mecanismos de protección frente a posibles abusos de las agencias federales.
Esta información fue documentada por una coalición de organizaciones que ha recolectado testimonios en Minnesota, Illinois, California y Texas. Así lo dio a conocer Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation, la organización que lidera la iniciativa.
“Lo que queremos es recopilar todos estos testimonios para conseguir justicia para estas personas. Crear un historial, una serie de documentos que vamos a llevar al nuevo congreso, una vez establecido en enero, para que se haga justicia y se pongan verdaderamente las reglas que se deben seguir cuando se trata de agencias federales abusando de los derechos humanos y civiles de todas las personas en Estados Unidos, especialmente lo que ha ocurrido aquí en Charlotte… esto es inaceptable y no es parte de la democracia que tenemos en este país”, explicó este 2 de septiembre en una rueda de prensa en la Coalición Latinoamericana.
30,000 estudiantes ausentes y 1,000 reportes de ICE
Sobre el impacto migratorio en la ciudad reina, Liz Monterrey Duvall, integrante de la Junta de Educación de Charlotte Mecklenburg, recordó la situación en las escuelas.
“Había tristeza, confusión y miedo. Y ese sentimiento atravesó todas las líneas: raza, origen, empleo e incluso afiliación política. En un solo día, se reportó la ausencia de más de 30,000 estudiantes de CMS. Uno de cada cinco estudiantes de nuestro distrito”, recordó.
Stefanía Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network, contó que durante ese operativo la organización recibió más de 1,000 reportes relacionados con actividad de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en comunidades inmigrantes.
“Inicialmente, las llamadas que recibimos eran de personas que presenciaban enfrentamientos, ataques y destrucción de propiedades por parte de agentes federales. A medida que pasaban los días, las llamadas comenzaron a ser de familiares que intentaban encontrar a sus seres queridos. Y cuando CBP salió de Charlotte, esas llamadas comenzaron a llegar desde lugares cada vez más lejanos. Como respuesta, nuestra línea de ICE se convirtió en una línea estatal”, describió.
“Estamos obligados a cumplir la ley y cooperar con ICE”
Por su parte, la comisionada de Mecklenburg, Susan Rodríguez-McDowell, señaló las principales limitaciones que enfrentan los gobiernos locales.
“Nuestra ciudad, nuestro condado, nuestro distrito escolar y nuestro alguacil, todos vemos el trauma que se está generando y todos estamos obligados a cumplir la ley y cooperar con ICE… Ellos (gobierno nacional) tienen el poder para desmantelarnos y destruirnos, y no dudarán en hacerlo. Esto aumenta la desconfianza en el gobierno a todos los niveles”, dijo.
Añadió: “Significa que los niños no reciben sus vacunas. Significa que vecinos enfermos no reciben atención médica... que los pequeños negocios sufren por la falta de trabajadores y clientes. Significa que más personas pasan hambre y necesitan asistencia alimentaria. Que los testigos y víctimas de delitos tienen miedo de presentarse y que los padres tienen miedo de participar en la educación de sus hijos porque la escuela ya no se siente como un lugar seguro”, lamentó.
La iniciativa de Hispanic Federation continuará ahora en Nueva York, donde los organizadores recopilarán nuevos testimonios que prevén presentar ante el nuevo congreso que se elija en las próximas elecciones.
“Esperamos que esto sea un proceso de sanación comenzando el día de hoy, pero también de justicia para que podamos decirle claramente a las autoridades federales que esto es inaceptable y no es parte de la democracia que tenemos en este país”, cerró Frankie Miranda de Hispanic Federation.
