Diciembre inicia con la entrada en vigencia de una nueva ley: HB-307, también conocida como la Ley Iryna, tras la muerte de una inmigrante refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, apuñalada en el tren ligero de Charlotte en agosto. La tragedia impulsó una reforma en las reglas sobre la liberación previa al juicio de un sospechoso y en varios procesos del sistema penal de Carolina del Norte. Las medidas buscan aumentar la seguridad pública, pero también generan inquietudes por su posible impacto en el hacinamiento carcelario y la salud mental.
Claves sobre la Ley Iryna
- Cambios en la liberación previa al juicio: La ley modifica las reglas para decidir si un acusado puede salir antes del juicio. Crea una presunción refutable que sugiere que no hay garantías para que un acusado por delitos violentos comparezca en la corte y que representa un posible riesgo para la seguridad pública.
- Nueva definición de delito violento: Incluye delitos graves Clase A a G como agresión con armas, amenazas, ciertos delitos sexuales, asesinato, secuestro, robo armado y tráfico de fentanilo.
- Se eliminan fianzas sin garantía: Los acusados por un primer delito violento enfrentan fianza asegurada o arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
- Arresto domiciliario obligatorio para reincidentes: Quienes tienen una condena previa por un delito violento deben cumplir arresto domiciliario con monitoreo, si el recurso existe.
- Examen obligatorio de salud mental: Los jueces deben ordenar una evaluación cuando el acusado tiene un historial reciente de internamiento involuntario o representa un peligro para sí mismo o para otros.
- Crímenes en transporte público: Las penas aumentan si el delito ocurre “mientras la víctima utiliza un sistema de transporte público”.
- Aceleración de procesos de pena de muerte: La Corte Suprema debe revisar sentencias de muerte en un plazo máximo de 24 meses.
- Mayor supervisión para jóvenes: Se extienden los plazos de supervisión para jóvenes condenados por delitos violentos equivalentes a delitos graves (Clase A, B1, B2 o C).
- Fondos para fiscales: El distrito de Mecklenburg recibirá recursos para contratar 10 asistentes del fiscal y cinco asistentes legales a tiempo completo.
Posible impacto en Carolina del Norte
Para sus defensores, la Ley Irina puede aumentar la seguridad pública, porque limita la liberación de personas acusadas de delitos violentos y esto puede evitar reincidencias. Sin embargo, estas medidas también aumentan la probabilidad de que más personas queden detenidas, incluso cuando aún no enfrentan una condena.
Activistas señalan que las cárceles del estado ya muestran señales de hacinamiento, y algunos condados carecen de infraestructura adecuada.
La ley crea un proceso para ordenar evaluaciones de salud mental, pero no financia tratamientos específicos, ni herramientas para abordar el abuso de sustancias o la violencia comunitaria.
Controversias sobre la pena de muerte
Las reglas que aceleran apelaciones en casos de pena capital generan fuertes críticas. Abogados y activistas temen que el proceso rápido aumente el riesgo de errores irreversibles, incluida la ejecución de personas inocentes.
“La HB-307 lleva a nuestro estado por el camino equivocado”, declaró Noel Nickle, directora de la Coalición de Carolina del Norte para Alternativas a la Pena de Muerte. “La manera de construir una verdadera seguridad es mediante la atención de salud mental, el apoyo para la reinserción social, la prevención de la violencia y recursos sólidos para los sobrevivientes y sus familias. Este proyecto de ley ignora soluciones probadas y redobla la apuesta por un sistema que jamás brindará justicia ni seguridad”.