Un juez de la Corte Superior de Carolina del Norte ordenó a los altos funcionarios de finanzas del estado que inviertan $1.7 mil millones en fondos no utilizados a las agencias de educación.
David Lee dio 30 días a las autoridades de finanzas para hacerlo sin la necesidad de pasar por la Asamblea General de Carolina del Norte.
Los fondos forman parte de un plan de más de $5.6 mil millones para reformar y aumentar el presupuesto para la educación en Carolina del norte durante ochos años.
Luego de una iniciativa propuesta la semana pasada por padres de familia y juntas escolares de seis condados del estado, el juez David Lee respondió a la petición de forma positiva, asegurando que no era necesario contar con aprobación legislativa.
Por ley, Carolina del Norte tiene la obligación de financiar la educación, mientras que los condados tienen que financiar los planteles.
Por su parte, la Cámara de Representantes y el Senado de Carolina del Norte se han negado a fondear por completo los $1.7 mil millones solicitados para este año escolar y el próximo.
Hasta el momento, es la única iniciativa planteada para dar solución al veredicto de la corte en 2004, cuando se determinó que Carolina del Norte no financiaba de forma correcta la educación de acuerdo a la Constitución del estado.
Líderes legislativos han catalogado el fallo de Lee como "un circo" que burla la constitución de Carolina del Norte y que quita a la Asamblea General el control exclusivo de gastos del estado que ha tenido durante décadas.
"Este caso se ha convertido en un intento por parte de abogados políticamente aliados y el gobernador de promulgar el plan presupuestario preferido del gobernador a través de una orden judicial, eliminando a la legislatura de su función constitucional y apropiada", expresaron en una declaración conjunta el presidente interino del Senado, Phil Berger, y el presidente de la Cámara, Tim Moore.
"Afortunadamente, los funcionarios del poder ejecutivo hacen un juramento a la Constitución, no a un juez de primera instancia no electo a nivel de condado. Un juez no tiene la autoridad legal o constitucional para ordenar un retiro del Fondo General del estado", agregaron.