El despliegue de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Charlotte, del 15 al 20 de noviembre, suscitó múltiples reclamos por arrestos migratorios fuera del marco de la ley. Desde la detención de residentes legales e incluso de ciudadanos americanos, hasta el ingreso sin autorización a propiedad privada y el uso de perfil racial, según líderes locales y testigos.
Denuncian perfil racial en arrestos migratorios
“Lo que vemos aquí en Charlotte son agentes federales usando equipo paramilitar, máscaras en sus rostros, en carros sin identificar manejando por estacionamientos, sacando a personas de las veredas, yendo a tiendas, a iglesias, agarrando gente por el color de su piel”, dijo a La Noticia Josh Stein, gobernador de Carolina del Norte, el 18 de noviembre.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte corroboró estas denuncias. Aseguraron además que los agentes entraron a negocios sin orden judicial, posibles violaciones de los derechos Miranda (lectura de sus derechos a un detenido). Habrían negado el acceso a un abogado e incumplido la ley estatal que prohíbe el uso de máscaras en lugares públicos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó estas acusaciones. “Lo que convierte a alguien en blanco de las autoridades migratorias es su situación ilegal en Estados Unidos. No su color de piel, raza u origen étnico", afirma la entidad.
“Se me acercaron y lo primero que me dijeron fue: ¿dónde naciste? Gracias a Dios soy ciudadano, si no me llevaban por tener cara de latino”, dijo a La Noticia Pedro, quien pidió que no publicáramos su apellido. Pese a que es americano, teme represalias.
“Todas las personas de Carolina del Norte, sin importar cuál sea su estatus migratorio, tienen derechos y protecciones civiles”, dijo Chantal Stevens, directora ejecutiva de ACLU Carolina del Norte. “Estas redadas infringen el debido proceso, están basadas en la discriminación racial y se aplican principalmente y de forma indiscriminada contra las personas de color”.
Antecedentes legales
Antes de llegar a Charlotte, la Patrulla Fronteriza realizó arrestos migratorios en el área de Chicago por dos meses. Como resultado, 614 inmigrantes fueron arrestados. De ellos, solo 16, es decir, 2.6 %, tenían antecedentes penales, según datos del gobierno federal. Esto ha generado una ola de demandas civiles en contra de la agencia.
Pese a esto, la Corte Suprema, en el caso Vázquez Perdomo Vs. Noem, suspendió una orden de un tribunal inferior que limitaba el uso de patrullas de agencias migratorias para perseguir a quienes “parecen” no ser ciudadanos en Los Ángeles. La jueza Sonia Sotomayor lanzó una dura advertencia, señalando que los latinos serían los más afectados por esta acción.
¿Preparan acciones legales?
El Senador de Carolina del Norte, Thom Tillis (republicano), pidió cuantas al DHS sobre el operativo en Charlotte. Incluyendo una lista de las personas detenidas, cuánto tiempo estuvieron detenidas, si fueron liberadas. Además, si se dañó propiedad privada y si se proporcionó una restitución adecuada.
Algunos ciudadanos arrestados durante el operativo en Charlotte han dicho públicamente que plantean demandar al gobierno.
“ACLU-NC, junto con nuestros socios comunitarios, se mantiene preparado para impugnar todas las acciones que vulneren nuestros derechos, tanto en los tribunales como mediante la movilización de la comunidad”, confirmó Stevens.
Si quiere presentar una queja por violación a sus derechos durante estos arrestos migratorios, visite la página de denuncias de ACLU, en español, en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/3caj4hmc