Un latino de Charlotte fue condenado a siete años de prisión federal por tráfico ilegal de armas de fuego, tras una investigación que reveló una compra masiva de armas destinadas al contrabando internacional.
Además de los siete años de prisión, Walter Adonai Rivera Chinchilla, de 25 años de edad, deberá pasar dos años adicionales de libertad supervisada, informaron autoridades federales el 17 de febrero.
Compró más de 100 armas con declaraciones falsas
De acuerdo con documentos judiciales, el acusado compró 115 armas de fuego entre agosto de 2023 y octubre de 2024 en Carolina del Norte.
En cada compra, declaró falsamente que las armas eran para uso personal. Las autoridades determinaron que ese patrón ocultaba un esquema de tráfico.
Iban ocultas rumbo a Honduras
El 1 de agosto de 2024, agentes federales interceptaron un envío con seis pistolas Glock y cargadores de alta capacidad ocultos. El cargamento tenía como destino Honduras.
Los registros confirmaron que todas las armas habían sido adquiridas por el acusado meses antes.
Venta encubierta y plan para enviarlas a México
La investigación avanzó cuando el acusado aceptó comprar armas para un agente encubierto.
El 2 de octubre de 2024, acudió a un distribuidor autorizado y compró dos armas, que luego revendió al agente. Durante el encuentro, hablaron de enviar armas a México y el acusado ofreció coordinar el contrabando por una tarifa.
El 16 de octubre de 2024, repitió el patrón y compró tres armas más al agente encubierto.
Arresto y declaración de culpabilidad
El 31 de octubre de 2024, agentes arrestaron al acusado cuando acudió a una reunión para concretar el envío ilegal de armas fuera del país.
Posteriormente, se declaró culpable de tráfico de armas en un tribunal federal.
Permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, a la espera de su traslado a una prisión federal.
El fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte subrayó que el tráfico de armas alimenta la violencia y la inestabilidad fuera de Estados Unidos.
La investigación fue realizada por el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives y el caso fue procesado por la U.S. Attorney’s Office for the Western District of North Carolina.
Las autoridades reiteraron que perseguirán a quienes abusan del mercado legal de armas para abastecer redes criminales.