El miedo se está convirtiendo en una barrera para el bienestar económico, educativo y social de miles de familias latinas en Charlotte. Esta fue una de las conclusiones destacadas de la cumbre “2025 Local News Impact Summit”, donde se analizó el impacto de las políticas migratorias para una vivienda asequible en la Ciudad Reina.
La cumbre de impacto de noticias locales 2025, organizada por el Charlotte Journalism Collaborative (CJC), se llevó a cabo el 22 de mayo. Allí, durante un panel moderado por Diego Barahona, editor de La Noticia, líderes comunitarios, empresarios y un representante del sector financiero conversaron sobre el aumento de detenciones de inmigrantes en Charlotte y cómo esto ha cambiado el panorama financiero, laboral y de vivienda de los latinos.
Desde el 12 de mayo, Charlotte ha experimentado un aumento de operativos por parte de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Están difundiendo la idea de que no hay lugar seguro para los inmigrantes indocumentados. Así se desaniman y se autodeportan. Es más barato así, según el gobierno. Y la campaña de miedo está funcionando. Cientos de miles de familias están viviendo con miedo entre nosotros. Y el miedo puede paralizar a las personas para ir a trabajar. El miedo puede congelar los planes de una familia para comprar una casa o alquilar”, señaló Barahona.
Trabajadores “ya no se sienten seguros” en Charlotte
Para conversar sobre el impacto de este miedo en la actividad económica de la ciudad. Carlos Calzadilla, dueño de la constructora SunSouth Carolinas, explicó como trabajadores calificados en el campo de la construcción ya no se presentan por temor a ser detenidos por ICE.
“Los trabajadores ya no quieren ir a edificios grandes. Ya no quieren ir a otros estados, porque tienen miedo de que algo les pase. Ya no se sienten seguros y se ha vuelto casi imposible organizar equipos para próximos proyectos… Ahora, puede que ya no tenga esos trabajadores mañana”, dijo.
En mayo, La Noticia habló con varios constructores y dueños de constructoras, quienes alertaron que por el temor a redadas hubo una reducción del 33 % de la mano de obra latina. Lo que afectan los plazos de entrega de obras y la estabilidad en el campo.
Además de lamentar el impacto que el miedo tendrá en las economías familiares que dependen de esos empleos para subsistir. Calzadilla expresó su preocupación por el futuro laboral de los jóvenes latinos y cómo esto podrá afectar oficios como la construcción.
“Los jóvenes no quieren aprovechar oportunidades de capacitación o educación porque piensan ‘¿Para qué, si mañana puede que no esté aquí?’. Ya no les importa ser calificados porque creen que no tienen futuro. Eso va a ser un problema y la comunidad no va a seguir creciendo como antes”, dijo.
“La comunidad latina paga bien, pero tiene miedo de invertir”
En el ámbito financiero, Víctor Loor, con 15 años de experiencia en Latino Community Credit Union, subrayó como el miedo ha llevado a latinos con economías estables a no invertir a largo plazo y a cambiar sus hábitos de ahorro.
“En abril vimos una reducción del 25 % en solicitudes de préstamos hipotecarios y de préstamos para viviendas. Y el tema es que no hemos tenido ningún problema con ninguno de nuestros miembros para pagar sus préstamos o hacer sus pagos. La comunidad latina paga bien, pero tiene miedo de invertir”, indicó Loor.
El experto explicó que cuando las familias latinas dejan de salir a trabajar por temor a operativos migratorios, se interrumpe un ciclo económico fundamental: sin ingresos no hay consumo, y sin consumo se debilita el comercio local. Esta situación reduce la circulación de dinero en negocios que comúnmente frecuentan estas comunidades, muchos de ellos negocios latinos.
“En términos económicos, sí hay trabajo. Hay dinero para pagar a los trabajadores. Pero necesitamos que la gente no tenga miedo de salir, de participar, de involucrarse”, insistió.
“No es ilegal ser indocumentado”
Durante su intervención, Jessica Moreno, miembro de Action NC, se centró en los efectos sociales, psicológicos y en materia de vivienda que están provocando la presencia activa de autoridades migratorias en Charlotte.
“Empezamos a notar que hay personas que se están autodeportando, que prefieren irse antes que estar expuestos a ataques racistas o personales solo por cómo lucen. Planean su escape porque se sienten realmente atacados. “No es ilegal ser indocumentado. No es un crimen”, dijo.
Moreno explicó que muchas familias viven con un estatus migratorio mixto, y que, a medida que se intensifican los cambios en las políticas migratorias, también aumenta el número de miembros que permanecen en el país sin protecciones legales. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en la cancelación del parole humanitario y del TPS para ciertas nacionalidades.
“La inmigración es muy fluida. Puedes estar documentado en un momento, pero luego cambian las leyes y ya no tienes estatus. Estamos perdiendo protección para miembros dentro de esas familias… Y, en materia de vivienda, si ya estas familias eran abusadas, ahora van a aceptar aún más abusos, con tal de mantenerse desapercibidos”, alertó.
Sobre la propuesta de Ley de Apoyo a los Ciudadanos (HB 690), que busca verificar el estatus migratorio de quienes residen en viviendas públicas y de quienes solicitan beneficios por desempleo. Moreno aclaró:
“Las personas indocumentadas no pueden recibir subsidios. O sea, no califican. Entonces, ¿cuál es el punto de este proyecto? Es solo una ley discriminatoria que genera más miedo, de forma que las familias inmigrantes mixtas que sí califican van a dejar de solicitar los beneficios a los que tienen derecho”.