La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda federal por una ley de Carolina del Sur que prohíbe a los distritos escolares imponer el uso obligatorio de mascarillas.
La demanda argumenta que la prohibición excluye de manera efectiva a los estudiantes vulnerables de las escuelas públicas.
Además, afecta a los estudiantes con condiciones de salud o discapacidades subyacentes, que corren el riesgo de enfermarse gravemente si contraen COVID-19.
“Según las leyes federales de derechos de las personas con discapacidad, las escuelas públicas no pueden excluir"
"Negar el acceso o segregar a los estudiantes con discapacidades de la educación de una escuela pública”
“Prohibir los mandatos de máscaras durante una pandemia mundial hace precisamente eso”, señala la ACLU.
Able South Carolina, Disability Rights of South Carolina y 9 padres de familia de niños con discapacidades están impulsando la demanda.
Los grupos le piden a la corte que declare que la disposición viola la ADA y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.
Buscan que la corte ordene al estado que permita que los distritos escolares adopten mandatos de máscaras para sus estudiantes y personal.
Los acusados nombrados en la demanda incluyen al gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster y el fiscal general del estado Alan Wilson.
Así como a la superintendente de educación del estado Molly Spearman y las juntas escolares de los condados de Greenville, Horry, Lexington, Oconee y Pickens.
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