El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, emitió el pasado la Orden Ejecutiva N° 142 para suspender los desalojos residenciales y de locales comerciales en la entidad.
1. Desalojos residenciales
Se prohíben los desalojos residenciales hasta el .
Igualmente, el gobernador indicó que la fecha puede ser prorrogada. Sin embargo, la orden ejecutiva no tiene efectos si los desalojos se efectúan por otras razones.
Asimismo, los propietarios no podrán cobrar intereses moratorios, imponer multas o realizar cargos a los inquilinos por atrasos o impago de la renta en el período comprendido entre el y el .
2. Desalojos de locales comerciales
Si los inquilinos comerciales se atrasan o no pagan su renta debido al COVID-19, los propietarios comerciales tienen prohibido:
- Realizar desalojos a sus inquilinos comerciales.
- Rescindir contratos de arrendamiento.
- Tomar acciones judiciales en contra de sus inquilinos.
- Cobrar intereses, multas o tarifas desde el al , a menos que se extienda el plazo por orden del gobernador.
Aplican ciertas condiciones. Para no recibir desalojos u otras represalias por deudas o impago de alquileres comerciales, se debe cumplir con el siguiente procedimiento:
Los propietarios comerciales preguntarán a los inquilino si una moratoria o ausencia de pago se debe a la situación económica generada por el COVID-19.
Entonces, los inquilinos tendrán 72 horas para contestar si es así o no.
Si una moratoria o impago no se debe a la situación generada por el COVID-19, entonces se puede proceder a realizar medidas de desalojos, rescisiones de contratos o tomar acciones judiciales.
3. Suspenden desalojos pendientes en tribunales
En respaldo a las medidas de Cooper, la presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Norte emitió una orden donde se indica que:
- Todos los desalojos pendientes en la división de juicios están detenidos hasta el .
- Asimismo, no se exigirá a los alguaciles que se ejecuten escritos de posesión de bienes inmuebles pendientes hasta el .
Ambas órdenes buscan proteger a los ciudadanos de ser expulsados de sus lugares de residencias y exponerlos al contagio del COVID-19, así como garantizar apoyo a las personas que tienen dificultades económicas por la pandemia.
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