Los legisladores republicanos de Carolina del Norte están listos para anular el veto del gobernador demócrata saliente, Roy Cooper, a una ley considerada antiinmigrante, que obliga a las agencias policiales locales a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esto, como una de las últimas acciones de la Asamblea General que aún cuenta con supermayoría del Partido Republicano.
Buscan anular veto de gobernador antes de que cambie la Asamblea
El proyecto de ley HB-10 incluye disposiciones que exigen la cooperación de las fuerzas del orden locales con ICE, además de fondos adicionales para vales escolares, con esto se espera que algunas escuelas privadas reciban fondos públicos.
Tras varios intentos fallidos en el pasado, la legislación fue aprobada este año por la Asamblea General, que logró una supermayoría gracias a que la legisladora demócrata, Tricia Cotham se convirtiera en republicana.
La HB-10 fue vetada por el gobernador Roy Cooper en septiembre, pero la banca republicana todavía cuenta con los votos para anular ese veto.
Los republicanos de Carolina del Norte parecen haber perdido, por un escaño, su control de tres quintos en la Cámara de Representantes tras las recientes elecciones. Sin embargo, mantienen la supermayoría en el Senado. A partir del próximo año, la gobernación estará en manos del actual fiscal general, Josh Stein, demócrata que sucederá a Cooper.
El representante estatal Destin Hall, republicano de Lenoir, declaró que la anulación del veto se llevará a cabo el martes 19 de noviembre. Hall ha defendido el proyecto de ley, afirmando que solo afecta a personas que han cometido “delitos graves o delitos menores violentos”, y que no obligará a las fuerzas del orden a buscar activamente a inmigrantes indocumentados.
HB-10: Ley considerada antiinmigrante y nociva
En el 2022, Cooper vetó una legislación similar, argumentando que solo buscaba “generar puntos políticos y usar el miedo para dividir a los habitantes de Carolina del Norte”. Según Cooper, la ley es inconstitucional y una mala utilización de los recursos locales. También afirmó que las leyes actuales ya permiten procesar a criminales peligrosos sin importar su estatus migratorio.
En respuesta, el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, acusó a Cooper de declarar efectivamente al estado como un “estado santuario”.
El North Carolina Justice Center calificó a la HB-10 como una ley presupuestaria antiinmigrante que perjudicará a los habitantes del estado.
“En lugar de construir un estado en el que cada familia y comunidad tenga recursos suficientes y sea próspera, este presupuesto perjudicaría a los ciudadanos de Carolina del Norte que trabajan duro para pagar sus cuentas y construir un futuro mejor”, dijo Reggie Shuford, Director Ejecutivo de la entidad.
La oficina estatal de la organización ACLU criticó duramente el proyecto de ley, diciendo que “elimina la autoridad local de los alguaciles” al obligarlos a colaborar con ICE y apoyar las deportaciones. La organización afirmó que la ley no mejorará la seguridad de las comunidades.
La organización League of Women Voters of North Carolina pidió a la comunidad contactar a sus representantes estatales para oponerse a la anulación del veto del gobernador, enfocándose principalmente en la sección de la HB-10, que desvía fondos públicos a escuelas públicas en favor de privadas.