El gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper, por primera vez se pronunció sobre un proyecto de ley antiinmigrante que busca obligar a las oficinas de los alguaciles del estado a colaborar con los agentes de Inmigración. Cooper llamó a este proyecto de ley inconstitucional
y divisivo.
Durante meses activistas han presionado al gobernador a que se oponga al proyecto de ley HB-370, bajo el cual los alguaciles tendrían que verificar el estatus migratorio de los inmigrantes arrestados, ya no solo por un delito grave, sino por cualquier delito que los lleve a la cárcel. También exige honrar las órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque los arrestados tengan el derecho de salir bajo fianza.
El proyecto de ley busca imponer penalidades como multas y despidos contra los funcionarios de las ciudades, condados, y agencias policiales que incumplan con estas ordenanzas. La HB-370 fue aprobada en la Cámara de Representantes en abril y se esperaba que sea aprobada en el Senado estatal en las próximas horas.
Como exalto funcionario del cumplimiento de la ley en nuestro estado, sé que la ley actual nos permite encerrar y procesar a criminales peligrosos independientemente de su estatus migratorio. Este proyecto de ley no se trata de eso, además de ser inconstitucional, lo que busca es ganar puntos políticos, y usar el miedo para dividirnos.
No podrían superar el veto
La declaración de Cooper llegó pocas horas antes que el Senado estatal vote por la HB-370, como una clara señal de que el gobernador vetaría la ley si llega a su escritorio.
Pese al rechazo del gobernador, la noche del 24 de junio el Senado estatal aprobó la HB-370 con 25 votos a favor y 18 en contra. Ahora deberá regresar a la Casa de Representantes y si es aprobada allí sería enviada a Cooper.
La Asamblea General del estado es de mayoría republicana, sin embargo en la elección de noviembre pasado perdieron la “supermayoría” parlamentaria, con la cual podían superar el veto del gobernador demócrata.
A principios de junio los legisladores republicanos de Carolina del Norte intentaron sin éxito anular el veto del gobernador Cooper a una legislación sobre el aborto.
Rechazo generalizado
Varios alguaciles, incluyendo a los de Mecklenburg, Wake, Durham, Guilford, y Buncombe, han manifestado públicamente estar en contra de la HB-370.
Algunos de estos alguaciles ha sido fuertemente criticados por ICE por no honrar las órdenes de detención de esta agencia (las cuales son voluntarias). Los alguaciles aclaran que ellos respetan todas las órdenes de retención de un recluso que sean autorizadas por un juez, pues la órdenes de ICE generalmente no son emitidas por un juez.