Los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 casi 50,000 millones de dólares. El volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor porque México no cuenta con una metodología para medir esos montos con exactitud.
Así lo indicó el lunes Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Nieto aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, ya sea por su departamento o por otras instancias.
Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que su departamento multiplicó el número de denuncias ante los tribunales. En 2018 presentó 82 denuncias y obtuvo 6 sentencias condenatorias y en 2019 fueron 164 denuncias y 84 sentencias.
El gobierno ha congelado recursos de los cárteles mexicanos
La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas.
Esta presenta las denuncias ante la fiscalía y con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios. La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés).
En este sentido, congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación. De la misma manera a 330 vinculadas al de Sinaloa, también llamado el Cártel del Pacífico.
El crimen organizado, la principal amenaza de México
Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado. Este se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.
"Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional", Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi todo el país. Llama la atención que casi todos los estados tienen presencia de dos o más cárteles.
Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto menciona que hay estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones. También el alto nivel de la economía informal. Este supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.
La lucha contra la corrupción ha sido el principal objetivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018 y nadie duda que la actividad de la UIF se ha incrementado.
No obstante, algunos críticos con el gobierno temen que los procesos abiertos no se traduzcan en el desmantelamiento real de las redes delictivas o corruptas.
Con información de The Associated Press