La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó un proyecto de ley patrocinado por legisladores republicanos que requeriría que todos los alguaciles locales colaboren con los funcionarios federales de inmigración. El proyecto de ley, que ahora se dirige al Senado Estatal, ha causado revuelo en las comunidades de inmigrantes.
El proyecto de ley, HB10, fue aprobado por un voto partidista de 71 a 44. Convertiría efectivamente un programa federal voluntario, conocido como 287(g), en una política estatal obligatoria.
Podría interesarte:
Actualmente, 15 de los 100 condados de Carolina del Norte tienen acuerdos voluntarios para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Federal (ICE por su sigla en inglés). Esa cooperación podría significar verificar el estado migratorio de ciertas personas detenidas o retenerlas 48 horas adicionales para transferirlas a la custodia de ICE.
El republicano Destin Hall, patrocinador del proyecto de ley, dijo a los legisladores que es necesaria una política de cooperación obligatoria porque algunos alguaciles locales no tienen acuerdos con ICE.
“¿Por qué necesitamos este proyecto de ley en este momento?”, dijo Hall. “La razón es que, como ya bien sabemos, hay un pequeño número de alguaciles en nuestro estado que han dejado de trabajar por completo con ICE y, en muchos casos, han dejado de comunicarse con ICE de manera significativa con respecto a los extranjeros ilegales que han sido acusados de delitos en nuestro estado.”
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, se ha opuesto abiertamente tanto al programa 287(g) como a los intentos de imponer deberes de inmigración a los funcionarios locales.
McFadden dijo a principios de mes que la política busca disminuir el poder de los alguaciles elegidos democráticamente.
Impacto a nivel local
Varios legisladores demócratas, como Laura Budd del condado de Mecklenburg, cuestionaron la utilidad de anular a los funcionarios locales.
“Despojar a un alguacil de su discreción y su capacidad para hacer su trabajo mientras aumentan la carga financiera de su personal y su cárcel al forzar el cumplimiento de este programa federal voluntario no logra lo que pretende hacer el proyecto de ley HB10”, dijo Budd.
La demócrata María Cervania, del condado de Wake, se refirió al riesgo de alentar la discriminación racial y compartió una experiencia personal de escrutinio de inmigración durante una parada de tráfico.
"[El oficial] me preguntó: 'Señora, ¿dónde nació?'. Le dije: 'Señor, nací en Oakland, California'. Y me volvió a preguntar: 'No, ¿dónde nació?'". ella dijo. “Esas tres horas fueron las más aterradoras, y nunca volveré a recuperar eso. Lo que me pasó no es único, y pasa más de lo que piensan”.
Más de 120 organizaciones locales, nacionales y regionales se han opuesto públicamente a HB10. Una de esas organizaciones es Carolina Migrant Network, cofundada por Stefania Arteaga.
“Es extremadamente desalentador ver que los legisladores estatales intentan ordenar algo que es voluntario, que sabemos que en el condado de Mecklenburg ha dañado a nuestras comunidades”, dijo Arteaga.
Agregó que el proyecto de ley podría dañar la confianza y disuadir a los inmigrantes de hablar con la policía o buscar servicios esenciales como atención médica.
El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, ha vetado dos proyectos de ley de cooperación de ICE anteriores en 2019 y 2022.
Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.