Cuatro ciudadanos estadounidenses y un inmigrante con visa vigente presentaron una demanda colectiva contra varias agencias del gobierno, que busca frenar de inmediato lo que consideran una serie de arrestos migratorios sin órdenes judiciales, sin causa probable y con perfiles raciales sistemáticos contra la comunidad latina de Carolina del Norte.
La demanda presentada el 24 de febrero va en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Aumento drástico de operaciones migratorias
Los demandantes señalan que en los últimos meses, Carolina del Norte, incluyendo ciudades como Charlotte, Raleigh y Durham, experimentó un aumento drástico en la presencia de agentes federales. Entre enero y octubre de 2025, ICE arrestó a 3,304 personas en el estado. Un aumento de casi el triple en comparación con el mismo período del año anterior.
La situación se intensificó significativamente en noviembre de 2025 con la operación Charlotte's Web. Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a cientos de inmigrantes sin órdenes,incluyendo a ciudadanos americanos y residentes legales.
Esta acción generó temor generalizado entre la comunidad inmigrante. Muchas familias quedaron encerradas en sus casas; numerosos negocios cerraron sus puertas temporalmente o sufrieron pérdidas significativas.
Arrestos por “parecer latinos y hablar español”
En el corazón legal de la demanda se argumenta que las agencias federales violaron de manera flagrante la Sección 287(a)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. § 1357(a)(2)). Esta ley prohíbe explícitamente los arrestos de inmigración sin orden judicial a menos que el agente tenga “causa probable”. Esta debe ser de dos factores: que la persona indocumentada está sujeta a deportación y que existe un riesgo inminente de fuga.
La demanda asegura que los agentes están deteniendo a personas basándose únicamente en su apariencia física, es decir, “parecer latinos”, o por hablar español, sin hacer evaluaciones individuales.
El documento, además, hace referencia a un memorando de enero de 2026 emitido por Todd Lyons, alto oficial de ICE, el cual instruye a los agentes a “ampliar de forma ilegal” las justificaciones de arrestos. Allí se define el “riesgo de fuga” de manera tan amplia que virtualmente cualquier persona que camine o conduzca podría ser catalogada como tal.
Testimonios sobre abuso y violencia
Las experiencias de los demandantes ilustran tácticas violentas e indiscriminadas de los agentes federales. Los agentes suelen llevar uniformes tácticos y rostros cubiertos con pasamontañas, negándose a identificarse. Entre las víctimas representadas en la demanda se encuentran:
Willy Wender Aceituno: Ciudadano naturalizado que ha vivido en Charlotte durante 25 años. Tras ser interrogado por agentes que verificaron su ciudadanía, fue abordado nuevamente poco después por otro grupo de agentes del CBP, quienes rompieron la ventana de su camioneta, lo arrastraron al suelo y lo esposaron, ignorando sus súplicas para que revisaran la identificación que llevaba en su bolsillo.
Yoshi Cuenca Villamar: Ciudadano de 23 años nacido en Charlotte. Fue embestido por la espalda, tirado al suelo y esposado por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras realizaba labores de jardinería.
Rubén Arguera López: Titular de una Visa U para víctimas de delitos, quien fue rodeado por vehículos no identificados, interrogado y esposado sin justificación mientras conducía hacia su trabajo como cocinero.
Los hermanos Edwin Godínez y Yair Alexander Napoles (ambos ciudadanos americanos), fueron interceptados en enero de 2026. Los agentes intentaron arrastrarlos violentamente fuera de su vehículo, llegando a golpear a Godínez en el abdomen mientras intentaba grabar la interacción. El incidente está grabado en video.
Demanda pide detener arrestos migratorios indiscriminados
En respuesta a las acusaciones, un portavoz del DHS las calificó de “categóricamente falsas”. Aseguró que las operaciones se basan estrictamente en la legalidad y no en la raza. La agencia defiende que sus prácticas están protegidas por la Constitución. Se escudó en unareciente orden de emergencia de la Corte Suprema sobre un caso similar en Los Ángeles.
Por su parte, los abogados representantes de la ACLU de Carolina del Norte y la Southern Coalition for Social Justice solicitan a la corte una orden que prohíba permanentemente a los agentes federales realizar arrestos sin orden judicial en el estado. Argumentan que varios tribunales federales en Oregón, Colorado y Washington D.C. ya han bloqueado temporalmente tácticas similares este mismo año por constituir severas violaciones a los derechos civiles.