Un juez federal de Boston bloqueó, el 28 de marzo, una medida de la administración del presidente Donald Trump, que permitía deportaciones rápidas contra inmigrantes a países sin vínculos preexistentes, como El Salvador.
Esta decisión fue tomada después de que un grupo de inmigrantes demandara al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por la política que aceleraba las deportaciones sin permitirles presentar argumentos sobre el peligro que enfrentarían si fueran enviados a esos países.
Bloqueo a las deportaciones rápidas a El Salvador
El juez Brian Murphy, quien fue designado por el expresidente Joe Biden, emitió una orden temporal de restricción que prohíbe la deportación de inmigrantes a países sin una relación establecida durante los procedimientos de inmigración. La decisión tiene un alcance nacional, protegiendo a aquellos sujetos a órdenes finales de deportación de ser enviados a países donde podrían enfrentar persecución o tortura.
La medida fue impuesta tras una demanda presentada el domingo por un grupo de inmigrantes, quienes alegaban que la política de deportación rápida adoptada por la administración de Trump los exponía a un grave riesgo sin darles la oportunidad de presentar reclamaciones basadas en el miedo.
La política de deportación rápida
La directiva del 18 de febrero de ICE había ordenado a los oficiales revisar los casos de inmigrantes previamente liberados de la detención. Estos casos incluían a aquellos que habían cumplido con los términos de su liberación, pero ahora serían re-detidos y deportados a terceros países, sin importar el riesgo de persecución.
Los abogados de los migrantes argumentaron que esta política violaba las protecciones internacionales contra la deportación a países donde podrían enfrentar daño. Además, indicaron que los migrantes no tenían la posibilidad de ser informados de las condiciones peligrosas a las que serían expuestos.
Protecciones bajo la Convención Contra la Tortura
El juez Murphy destacó que, bajo la Convención Contra la Tortura, los inmigrantes tienen protección contra la deportación a países donde puedan ser sometidos a tortura o persecución. En sus comentarios, Murphy expresó su sorpresa ante la postura del gobierno, que intentaba deportar a migrantes a países sin permitirles presentar sus reclamaciones basadas en el miedo.
“No podemos simplemente enviarlos a cualquier país fuera de aquel indicado en los procedimientos migratorios”, afirmó el juez, defendiendo el derecho de los migrantes a ser informados y a tener la oportunidad de defender su caso.