Carolina del Norte celebra un gran paso en la búsqueda de justicia para las víctimas de agresión sexual al concluir con la acumulación de kits de violación no probados. El Fiscal General, Josh Stein, asumió este compromiso y es parte de su campaña para convertirse en gobernador del estado.
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¿Qué significa que Carolina del Norte concluyó con los kits de agresión sexual más antiguos?
La conclusión de los kits de agresión sexual más antiguos implica que Carolina del Norte logró procesar miles de kits hasta abril del 2024. A lo largo del tiempo éstos se habían acumulado, causando un atraso en la búsqueda de justicia para innumerables sobrevivientes en el estado.
Un inventario estatal del 2019, que involucró al Departamento de Justicia, reveló que más de 16,000 kits estaban sin probar, y eran acumulados en estantes de agencias policiales locales.
Los kits representaban casos sin resolver desde por lo menos el año 2017 y, en muchas ocasiones, dejaron a las víctimas sin el cierre y la justicia que merecían. A partir de este trabajo, se logró recolectar pruebas requeridas para efectuar arrestos o al menos activar casos pendientes.
La gestión determinó que un total de 11,481 kits son válidos para ser analizados como evidencia.
¿Qué dicen las autoridades sobre este paso de Carolina del Norte?
El Fiscal General Josh Stein expresó su orgullo por el esfuerzo de legisladores republicanos y demócratas, fiscales de distrito y agentes del orden. También enfatizó en el trabajo de los científicos del State Crime Lab.
La iniciativa fue una respuesta de un grupo bipartidista de legisladores y la oficina del fiscal general. En conjunto, aprobaron una legislación que dio recursos para enviar kits a los laboratorios, incluyendo una renovación del laboratorio criminalístico estatal.
Con el fin de evitar nueva acumulación, la legislación exige que luego de que se produzca un kit de agresión sexual, debe enviarse a las autoridades encargadas de analizarlos en un plazo de 48 horas. A su vez, ese kit debe llegar a un laboratorio de pruebas en un plazo de 45 días.
No obstante, además de la normativa, se requiere de una intensa gestión para monitorear que se cumpla la ley.