El Departamento de Estado anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países. Entre ellos, Brasil, Colombia, Cuba, Uruguay, Guatemala y Honduras. La medida comenzará el 21 de enero y no tiene fecha de finalización, según aseguró un vocero.
La decisión, anunciada en redes sociales, forma parte del endurecimiento migratorio impulsado por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder. El objetivo, según el Departamento de Estado, es frenar solicitudes consideradas un riesgo de “carga pública”.
Qué significa la suspensión de visas
La orden instruye a embajadas y consulados a negar visas bajo la ley vigente mientras el Departamento de Estado revisa sus procedimientos de evaluación y verificación.
La pausa aplica a visas de inmigrante, no a visas temporales, y se mantendrá de forma indefinida hasta completar la revisión interna.
Países afectados por la medida
Entre los países incluidos están Brasil, Cuba, Haití, Irán, Nigeria, Rusia, Somalia, Guatemala y Honduras, entre otros.
La lista completa abarca 75 países de África, América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente:
Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
Regla de “carga pública” bajo escrutinio más estricto
El memorando ordena aplicar con rigor la disposición de carga pública, que permite negar visas a personas que podrían depender de beneficios públicos.
Los oficiales consulares evaluarán edad, salud, peso, dominio del inglés, ingresos, historial médico y uso previo de asistencia económica.
Personas mayores, con enfermedades crónicas o antecedentes de ayudas en efectivo podrían enfrentar mayores rechazos, incluso sin haber vivido en Estados Unidos.
Cambios frente a la era Biden
Bajo la administración Biden, la regla se aplicaba de forma más limitada. Programas como Medicaid, SNAP, WIC o vales de vivienda no contaban como factores negativos.
Trump amplió el alcance en 2019. Los tribunales bloquearon partes de esa expansión, pero la nueva directiva reactiva criterios más amplios.
Excepciones muy limitadas
El Departamento de Estado indicó que las excepciones serán mínimas. Solo se considerarán tras superar la evaluación de carga pública.
“Usaremos nuestra autoridad para impedir la entrada de personas que exploten los beneficios públicos”, dijo el portavoz Tommy Piggott a la cadena FOX News.
Impacto para familias inmigrantes
La suspensión afecta a familias en proceso de reunificación, trabajadores calificados y solicitantes aprobados pendientes de entrevista.
Abogados migratorios recomiendan consultar asesoría legal, revisar documentos financieros y no abandonar procesos sin orientación profesional.