Un comité del Senado estatal de Florida dio luz verde para que siga el proyecto de la Ley 'No digas gay' (Don’t say gay), en las escuelas del estado.
Dicha ley prohibiría el hablar sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas primarias de Florida.
El controversial proyecto que desató críticas en muchos sectores, incluso en la Casa Blanca, seguirá su procesos legislativo.
El Comité de Educación del Senado votó 6 a 3 a favor de Ley 'No digas gay' para las escuelas primarias de Florida.
Esta ley impediría que los maestros hablen sobre dichos temas al considerar que no son 'apropiados para la edad o el desarrollo de los estudiantes'.
La iniciativa nació de los republicanos que controlan el Senado y la Cámara de Representantes de Florida.
La comunidad LGTBQ y organizaciones en pro de sus derechos han criticado el proyecto de ley del estado.
A esas críticas se sumó la de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que habló contra la naturaleza conservadora de la ley.
'Todos los padres esperan que nuestros líderes garanticen la seguridad, la protección y la libertad (de sus hijos), y hoy los políticos conservadores en Florida rechazaron esos valores básicos al promover una legislación diseñada para apuntar y atacar a los niños que más necesitan ese apoyo, niños de comunidad LGBTQI+', dijo Psaki.
Muchos activistas declararon en el mismo sentido ante el Comité del Senado de Florida, dominado por los republicanos.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, simpatiza con la controversial propuesta de ley.
'Veo totalmente inapropiado que los maestros tengan ese tipo de conversaciones con los alumnos. Las escuelas deben enseñar a los niños a leer y escribir', señaló el lunes.
La esencia de la Ley 'No digas gay' para las escuelas de Florida
La ley pediría a los maestros de primaria que no fomenten pláticas o discusiones sobre la orientación sexual y la identidad de género 'de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiante'.
La ley le daría a los padres la posibilidad de demandar judicialmente a los distritos escolares.
Además podrían recibir una indemnización por daños y perjuicios porque violarían su 'derecho fundamental a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos'.