En un fallo polémico, la Corte Suprema de Justicia eliminó, el 8 de septiembre, las restricciones que impedían a la administración Trump realizar redadas migratorias en el área de Los Ángeles, California, basándose en perfil racial, es decir, detener a personas por sus rasgos físicos o que hablen español. Múltiples entidades nacionales, así como organizaciones de derechos civiles, advierten que esto sienta un peligroso precedente.
En una votación de 6 a 3 en el caso conocido como Vásquez Perdomo contra Noem, la Corte Suprema concedió una solicitud de emergencia de la administración Trump y suspendió temporalmente la orden de un juez de Los Ángeles que prohibía a “patrullas itinerantes” arrestar a personas en las calles de California e interrogarlas por su apariencia, idioma, trabajo o incluso su ubicación. Tanto un tribunal federal de Los Ángeles como el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminaron que estas acciones constituían discriminación racial ilegal.
Sin embargo, esta orden no es definitiva, sino que permite las acciones de los agentes de inmigración, mientras el caso en contra de estas prácticas avanza en los tribunales.
“Ataque abiertamente racista”
“El tribunal supremo del país efectivamente acaba de anular décadas de jurisprudencia que prohibía la discriminación racial como una violación de la Constitución. Esto abre la puerta a que grupos de agentes federales armados, enmascarados y sin identificar realicen redadas no basadas en sospechas razonables, como exige la ley, sino en estereotipos raciales, como la apariencia física, el lugar de trabajo o el idioma que hablan”, dijo William Roberts, vicepresidente de Derechos y Justicia del Center for American Progress.
“Esta administración no ha mostrado ningún reparo en usar la violencia para detener a inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, e incluso a ciudadanos estadounidenses. Ahora tienen carta blanca para continuar con su ataque abiertamente racista contra la población de Los Ángeles, donde puede detener a las personas primero y preguntar después, poniendo así a la comunidad latina local en riesgo de sufrir detenciones ilegales e inconstitucionales”, agregó.
“La Corte ha abierto la puerta a prácticas de perfil racial”
“La Constitución no permite que se detenga a los estadounidenses simplemente por hablar español, esperar trabajo o parecer latinos. La sospecha razonable debe basarse en pruebas, no en la etnia”, dijo en una declaración la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).
“Al alinearse con el gobierno, la Corte ha abierto la puerta a prácticas de perfil racial que expondrán a millones de latinos al acoso, la detención injusta y el miedo en su vida diaria. Ya sea en paradas de autobús, lugares de trabajo o espacios públicos, las comunidades latinas se enfrentarán al riesgo de ser tratadas como sospechosas simplemente por quiénes son o por su apariencia”, aseguró.
“Seguiremos luchando en este caso”
“La Corte Suprema pone a las personas en grave riesgo, al permitir que los agentes federales del sur de California persigan a personas por su raza, su forma de hablar, su trabajo o simplemente por estar en una parada de autobús o en un lavadero de autos cuando los agentes de ICE deciden realizar una redada. Para cualquier persona percibida como latina por un agente de ICE, esto significa vivir en un régimen temeroso de ‘documentos, por favor’, con riesgo de arrestos y detenciones violentas por parte de ICE”, dijo por su parte Cecillia Wang, directora legal nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“La orden de la Corte Suprema es indignante porque no incluye ningún razonamiento, sino que suspende las opiniones bien fundamentadas de los tribunales federales inferiores. Seguiremos luchando en este caso y en otros por nuestro derecho fundamental a seguir con nuestras vidas sin ser perseguidos por agentes del gobierno con base en la discriminación racial”, concluyó.
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