El arresto de un inmigrante en Carolina del Norte, incluso si finalmente se retiran los cargos penales, pueden cambiarle la vida. En muchos casos, su acceso a la justicia y al sistema judicial dependen de la relación entre la cárcel local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Durante años, legisladores republicanos de Carolina del Norte han presionado para que los alguaciles del estado cumplan con las solicitudes de detención de ICE, las cuales son voluntarias. Ahora, con una mayoría en la Asamblea General, podrían lograr su deseo este año con el proyecto de ley HB-10.
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Esta política podría impactar la autoridad de los alguaciles elegidos localmente y el debido proceso judicial para los inmigrantes.
Incertidumbre para las familias inmigrantes
Glenda, una solicitante de asilo de Honduras, se refiere al tema como “esa ley”, al proyecto de ley HB-10 patrocinado por los republicanos, que obligaría a los alguaciles del estado a trabajar con los funcionarios federales de inmigración para facilitar las deportaciones.
“Imagínese que esa ley viene aquí a este estado”, dijo Glenda desde el departamento que comparte con su esposo e hijos en Charlotte. “Creo que nos iríamos”.
La propuesta, la tercera de su tipo en cuatro años, fue aprobada por la Cámara estatal a finales de marzo. No ha llegado al Senado, pero se espera que reciba un amplio apoyo de la nueva mayoría republicana y posiblemente de algunos demócratas.
Escuchar esta noticia le trae recuerdos duros a Glenda, una extrabajadora agrícola que huyó de la violencia de las pandillas con su familia. Fue detenida con uno de sus hijos en un centro federal de inmigración en el sur de Texas cuando llegó por primera vez a Estados Unidos hace cinco años.
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Dice que los agentes fronterizos se burlaron de ella para atormentarla. Le dijeron que era mala mamá y que su hijo, separado de ella en otra celda, sería entregado a otra familia.
Sus acusaciones fueron parte de una demanda colectiva contra ICE. El acuerdo proporcionó acceso a servicios de salud mental, pero ella dice que todavía lucha con pesadillas, ansiedad y un miedo intenso a la policía.
“Es como estar traumatizado de nuevo”, dijo. “Si me recogieran y me enviaran de regreso, ¿qué sería de mí? Y los niños que tengo aquí, ¿qué sería de ellos?”.
Glenda y su familia están trabajando para establecer un estatus migratorio permanente. Mientras tanto, está ansiosa por lo que podría significar un cambio en la aplicación local de las leyes de inmigración.
Acceso a fianza y debido proceso
La ley estatal ya exige que las cárceles determinen la ciudadanía de las personas arrestadas por delitos graves o por conducir bajo la influencia de sustancias. En el condado de Mecklenburg, la oficina del alguacil dice que eso significa preguntarles a todos sobre su estatus migratorio y lugar de nacimiento durante el fichaje.
Pero la ley actual no requiere que las cárceles nieguen la fianza y mantengan a las personas bajo custodia a pedido de ICE. Honrar las órdenes de detención de la agencia es voluntario. Eso sería un cambio bajo la HB-10. La abogada Becca O'Neill, de Carolina Migrant Network, dice que la disposición viola derechos que se remontan a la Carta Magna.
“¿Podemos mantener a alguien en la cárcel sin motivo o debemos darle una base legal? Si me arrestan por conducir bajo la influencia y pago la fianza... pero la cárcel no me libera porque dicen que tienen una solicitud de detención de ICE para mí, bueno, tienes que evaluar la solicitud de ICE”, dijo O'Neill. “Algunos abogados argumentan, y estoy de acuerdo, que las solicitudes de detención de ICE son inconstitucionales, punto”.
Opiniones del senado estatal
Contactamos a los 50 miembros del Senado de Carolina del Norte acerca de sus opiniones sobre la HB-10. Recibimos respuestas de nueve de ellos: ocho demócratas y un republicano. Sus respuestas se pueden leer aquí.
El líder de la minoría del Senado de Carolina del Norte, Jay Chaudhuri, demócrata, pidió hablar por teléfono. Dijo que le preocupan las implicaciones de establecer políticas de inmigración más estrictas, como el HB-10, en las comunidades de color.
“Creo que hay un tema más amplio que si aprobamos estos proyectos de ley que envía un mensaje a estas comunidades marginadas de que no son bienvenidas o que serán castigadas y detenidas. Me preocupa lo que eso le hace a la estructura de nuestras comunidades”, dijo Chaudhuri. “Me preocupa que eso infunda miedo en las comunidades de inmigrantes, y me preocupa eso en cuanto a lo que eso hace [al] entorno de desarrollo económico aquí en el estado”.
Chaudhuri dice que el miedo a la aplicación de la ley de inmigración no se limita a los inmigrantes. También lo ve en los motivos de sus colegas republicanos.
“Hay una larga historia en nuestro estado, en nuestro país que juega con el miedo”, dijo Chaudhuri. “Ese miedo se basa en marginar. Ese miedo se basa en un libro de jugadas que genera mucha emoción”.
Los legisladores republicanos, como el patrocinador del proyecto de ley Destin Hall del condado de Caldwell, han presentado el proyecto de ley como necesario para combatir el crimen.
En un video llamado “Woke Sheriffs”, es decir, “alguaciles despiertos”, Hall promueve el proyecto de ley, diciendo, “Muchos de estos son delitos graves como violación, incendio provocado, intento de asesinato, robo, agresión y delitos relacionados con las drogas”.
Hall no respondió a las solicitudes de entrevista. Los datos de ICE indican que la mayoría de sus detenciones no son el resultado de los delitos descritos por el representante.
En los años 2021 y 2020, por ejemplo, los principales cargos fueron infracciones generales de tránsito, seguidas de conducir bajo la influencia de sustancias.
Lucha por el poder
En el centro del debate del HB-10 se encuentra la autoridad de los alguaciles elegidos democráticamente, en particular, los alguaciles de las zonas más pobladas del estado que no comparten la visión republicana de la aplicación de la ley de inmigración.
“Los alguaciles que ofrecen santuario están creando un entorno en el que los extranjeros ilegales que han sido acusados de delitos graves en nuestro estado están protegidos contra la deportación”, dice Hall en el mismo video.
Hall no nombra a ningún alguacil en particular en el video. Pero sí nombra cierto condado: Mecklenburg, donde el alguacil demócrata Garry McFadden está en su segundo período en el cargo.
“Cuando la gente en este edificio dice, 'los alguaciles despertaron', estamos despiertos”, dijo McFadden en marzo durante una manifestación frente a la Asamblea General para oponerse a la HB-10. “Estamos muy despiertos. Pero tienen miedo de decir que estamos hablando de los alguaciles negros. Estamos hablando de los alguaciles que la gente eligió en el 2018, que no se parecían a ellos, no hablaban como ellos y definitivamente no actuaban como ellos”.
Gran parte del debate sobre la cooperación de ICE se remonta a las elecciones del 2018, cuando un número récord de alguaciles afroamericanos asumió el cargo en Carolina del Norte. Muchos, como McFadden, ganaron con la promesa de poner fin a los acuerdos de cooperación de ICE establecidos bajo un programa federal voluntario llamado 287(g).
Alrededor de 20 de los 100 condados de Carolina del Norte han establecido uno de estos acuerdos 287(g). Ese número incluye acuerdos con la policía y las oficinas del alguacil. ICE confirmó que 11 permanecen activos, incluyendo los condados de Gaston, Cabarrus y Lincoln.
“Lo que sea que te guste hacer en tu condado, que tu gente te elija para hacer, eso es lo que debes hacer”, dijo McFadden. “No me gobiernen [para hacer] lo que están haciendo en su condado, porque fui elegido por la gente en Mecklenburg”.
Los antiguos condados 287(g) también son centros de las poblaciones latinas y nacidas en el extranjero. Alrededor del 5 %, o casi medio millón, de los residentes de Carolina del Norte no son ciudadanos, una población que incluye más de 300,000 personas nacidas en América Latina y más de 100,000 de Asia. El 40 % de los no ciudadanos viven en solo dos condados: Mecklenburg y Wake.
En muchos sentidos, la HB-10 restablecería componentes de esos acuerdos 287(g), como el cumplimiento de las órdenes de detención de ICE. Lo que no haría es proporcionar la capacitación para el cumplimiento de la ley o la financiación que viene con un acuerdo 287(g) oficial.
En el próximo informe, veremos más de cerca el programa y su legado en el condado de Mecklenburg. También examinaremos los mensajes sobre inmigración, delincuencia y seguridad pública.
Eileen Rodríguez, exreportera de WFDD y La Noticia, ayudó con el reportaje.
Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.