La Asamblea legislativa de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Josh Stein, reviviendo la cuestionada ley HB‑318, considerada antiinmigrante, el 29 de julio. La alianza de una legisladora demócrata permitió la aprobación de medidas que refuerzan la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y amplían las verificaciones migratorias en cárceles y audiencias de fianza.
Demócrata se une a republicanos para revivir ley antiinmigrante
La representante demócrata Carla Cunningham (distrito 106 de Mecklenburg) votó el 29 de julio con la mayoría republicana para anular el veto del gobernador. Esta votación fue crucial, ya que la Cámara carece de mayoría suficiente sin ese apoyo demócrata. Cunningham ha permanecido por siete períodos en el cargo.
Aprobación en el Senado y conversión inmediata en ley
Esa misma mañana, el Senado aprobó la anulación del veto y la HB‑318 fue convertida oficialmente en ley, sin necesidad de más espera legislativa.
Demócrata pide que haya menos inmigrantes
Durante su discurso para votar en contra del veto del gobernador Stein, que es de su propio partido, la representante Cunningham se quejó del tipo de inmigrantes que viven en Carolina del Norte.
“Algunos inmigrantes llegan creyendo que pueden funcionar aislados, negándose a adaptarse”, dijo la legisladora demócrata, agregando que los inmigrantes que venga a Estados Unidos deben hablar inglés y no su propio idioma.
Cunningham, quien el año pasado votó por anular el veto del entonces gobernador Roy Cooper, contra la ley antiinmigrante HB-10, dijo que los inmigrantes abusan del sistema y que el flujo de estas personas debe parar.
“Hemos sido ingenuos. Hemos sido explotados y abusados por las diferentes tácticas para obtener la ciudadanía estadounidense. Es hora de despertar. La migración global en el pasado no se proyectó como lo es hoy. Debemos establecer nuevas reglas para abordar los distintos tipos de migración que enfrentamos en nuestro país, estado y ciudades. Es hora de detener la cadena de suministro y adoptar una migración global adecuada a estos tiempos”.
¿Qué trae la ley antiinmigrante HB‑318?
Verificación de estatus migratorio en cárceles
Las cárceles estarán obligadas a verificar si cualquier detenido (por delitos mayores o menores) es indocumentado y, de ser necesario, contactar a ICE.
Plazos adicionales para detención y notificación a ICE
- Se amplía el tiempo de retención en prisión con 48 horas adicionales para que ICE responda.
- Las autoridades deben notificar a ICE al menos dos horas antes de liberar a un detenido reclamado por la agencia.
Inmunidad legal para autoridades estatales
La HB-318 establece que los funcionarios involucrados no podrán ser demandados ni penalizados por cumplir con las disposiciones de la ley.
Requisito de verificar estatus en audiencias de fianza
Durante las audiencias de fianza, los jueces deben intentar confirmar el estatus migratorio del acusado, lo que podría afectar las condiciones de libertad provisional.
Fecha de entrada en vigor y ámbito de aplicación
La ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, y aplicará a personas detenidas o presentadas ante un juez a partir de esa fecha. Esto incluye delitos tanto menores como graves.
Indignación de organizaciones civiles
La organización El Pueblo expresó su preocupación por la legislación, afirmando que:
“Abusando de su poder y bajo la excusa de la seguridad pública, la mayoría en la Legislatura estatal ha optado por convertir en ley una peligrosa legislación que va a ampliar la dañina colaboración forzada de los alguaciles con ICE y pondrá en riesgo de deportación a más inmigrantes sin el debido proceso.”
Preocupaciones constitucionales y efectos en la denuncia de delitos
El Pueblo advierte que la ley:
- Promueve el miedo y la desconfianza en comunidades inmigrantes.
- Reduce la disposición de víctimas y testigos a denunciar crímenes, afectando la seguridad pública general.
Riesgos para el debido proceso y derechos civiles
La entidad agregó que la ley expone a detenidos sin estatus migratorio a retenciones prolongadas sin juicio y a decisiones judiciales influenciadas por su origen migratorio.
La cooperación obligada con ICE puede debilitar la confianza en organismos locales y reducir la eficacia de la aplicación de la ley en comunidades vulnerables.