Con 72 votos a favor y 44 en contra, el 19 de noviembre la Casa de Representantes de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Roy Cooper, sobre el proyecto de ley HB-10, el cual es considerado por activistas como antiinmigrante. Ahora, el proyecto de ley avanza al Senado, donde se espera que se convierta en ley en las próximas 24 horas.
HB-10, una ley polémica
Previamente, el 20 de septiembre, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, vetó la HB-10, una medida que busca obligar a agencias locales a ejercer tareas migratorias, además de desviar fondos destinados a las escuelas públicas para financiar instituciones privadas.
En las elecciones generales del 5 de noviembre, los legisladores republicanos perdieron la “súper” mayoría que tenían en la Asamblea General de Carolina del Norte, sin embargo, este cambio entrará en vigencia en enero del 2025. En el último período de sesiones del año, la mayoría republicana usó el poder de anular el veto de Cooper, quien es demócrata.
El proyecto de ley convierte en obligatoria la colaboración entre agencias locales, como las oficinas de alguacil, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y retener inmigrantes que cometen ciertos delitos graves para ser enviados a los agentes federales. Activistas advierte que esto va en contra del debido proceso, pues una persona arrestada no necesariamente significa que sea culpable, eso lo debe determinar un juez.
El HB-10 transformaría una política previamente voluntaria en una obligación para los alguaciles. Según la abogada Becca O’Neill de Carolina Migrant Network, esta medida podría violar derechos constitucionales al mantener a personas bajo custodia sin base legal sólida.
“Si alguien es arrestado por conducir bajo la influencia y paga su fianza, pero no se le libera porque hay una solicitud de ICE, estamos en terreno inconstitucional”, afirmó O’Neill.
En los años 2021 y 2020, la mayoría de las detenciones del ICE en Carolina del Norte se debieron a infracciones de tránsito o casos de conducción bajo la influencia, no a delitos violentos. Esto refuerza las críticas de que la ley penaliza desproporcionadamente a inmigrantes por ofensas menores.
Rechazo de alguaciles y activistas
Los alguaciles de los condados como Mecklenburg, Wake y Durham, demócratas, han sido vocales en su oposición a la HB-10. Argumentan que el proyecto de ley interfiere con su capacidad de priorizar las necesidades de sus comunidades.
“Esta política no aborda las verdaderas preocupaciones de seguridad, sino que crea más miedo e incertidumbre en nuestras comunidades”, afirmaron.
Por su parte, activistas como Pilar Rocha-Goldberg, directora de El Centro Hispano, destacan los impactos humanos de estas medidas.
“Hemos visto cómo ICE llega a nuestras comunidades de manera arbitraria, destruyendo familias y generando un clima de miedo. Esto es muy preocupante”, expresó.
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, dijo que el proyecto de ley también se convierte en un tema político, ya que pone en la mira la autoridad de los alguaciles elegidos democráticamente.
En las elecciones de 2018, varios alguaciles afroamericanos asumieron el cargo con la promesa de terminar acuerdos con ICE. Tal como pasó con el programa 287(g), que permite a las autoridades locales actuar como agentes de inmigración.
Actualmente, solo 11 de los 100 condados de Carolina del Norte mantienen acuerdos activos bajo este programa. La implementación del HB-10 socavaría esas decisiones locales al imponer la colaboración obligatoria con ICE.
¿Qué sigue?
Activistas denunciaron la HB-10 asegurando que al vincular a las autoridades locales con tareas migratorias, dañaría las relaciones entre la comunidad inmigrante y las autoridades. Por tanto, menos personas denunciaría ser víctimas del crimen, generando un problema de seguridad pública.
El futuro del HB-10 está ahora en manos del Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Se espera que la votación ocurra el miércoles 20 de noviembre a las 2:00 p.m. Mientras tanto, la comunidad inmigrante se prepara para lo que podría ser un cambio significativo en su interacción con las autoridades locales.