La Fiscal de los Estados Unidos para el Medio Distrito de Carolina del Norte, Sandra J. Hairston, anunció que un hombre de origen latino fue sentenciado en un tribunal federal por fraudes y delitos fiscales.
El sujeto fue identificado como Jorge Alberto García, residente de Chapel Hill, quien se declaró culpable el 22 de noviembre de 2021 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
García, de 41 años, obtuvo dinero por medio de pretensiones, representaciones y promesas en un esquema de reparación de viviendas.
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El Juez Federal de Distrito, William L. Osteen, sentenció al latino a 121 meses de prisión. Además, se le ordenó pagar una cifra de $4,043,397.52 en restitución.
“La larga sentencia en este caso refleja la depravación del plan”, dijo el abogado Hairston.
Por su parte, Robert R.Wells, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigación en Carolina del Norte, celebró la sanción que recibió el estafador.
“Esta acusación envía un mensaje a los posibles estafadores: fraude, especialmente el fraude dirigido a los ancianos vulnerables, es una de las principales prioridades de la ley federal en este distrito, y una ofensa que conlleva sanciones sustanciales”.
“Las víctimas de este caso confiaron en Jorge García, pero lamentablemente fueron manipulados y engañados. García estafó a cientos de víctimas ancianas para llenar sus propios bolsillos".
“Ahora pagará sus crímenes cumpliendo una pena en una prisión federal donde no puede estafar a nadie más”, señaló.
De acuerdo a documentos judiciales, de septiembre de 2015 a abril de 2020, García se acercó a personas mayores jubiladas en sus residencias privadas en condados de Durham, Orange y Chatham.
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Les ofreció mejoras en el hogar utilizando nombres comerciales como J&J Home Improvement y JH Home Improvements, Inc.
Cabe destacar que muchas de las víctimas tenían enfermedades físicas o mentales.
Jorge Alberto ofrecía realizar proyectos de mejoras para el hogar y los ancianos le pagarían antes de la finalización de cualquier trabajo de construcción a través de cheques personales, tarjetas de crédito o retiros de cuentas de inversión.
El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía Interno Servicio de Rentas – Investigaciones Criminales.