Raleigh- El representante republicano Harry Warren presentó el 9 de febrero, un proyecto de ley que endurece las penalidades para quienes fabriquen, vendan o posean documentos falsificados, como residencias, pasaportes, permisos o licencias de conducir, por citar algunos ejemplos.
Actualmente el poseer un documento de este tipo es una ofensa menor, pero bajo la nueva propuesta sería considerado de Clase 1, castigo que conllevaría hasta 120 días de cárcel, mientras que fabricar o vender un documento falso sería considerado como un delito de Clase G, con penas entre los 8 y 31 meses de prisión.
La propuesta HB 63 denominada ‘Ley de protección ciudadana 2017’, de cuatro secciones, también permitiría a las cortes estatales usar documentos que incluyan el estatus migratorio de las personas. De la misma manera, autorizaría a los agentes locales o estatales de la ley a transportar hasta una cárcel federal o estatal a los indocumentados que estén bajo su custodia.
El proyecto también limitaría el derecho a la libertad condicional de los indocumentados que cometan ciertos ciertos delitos como crímenes sexuales, violentos, de pandillas o delitos graves de tránsito. Igualmente sería imposible pedir una fianza en caso de que Inmigración los haya pedido retener.
Además, penaliza a las ciudades y condados que violen la actual ley estatal HB 318 relacionadas con las ciudades santuario.
El HB 63 fue remitido al Comité Judicial II. De ser aprobado por ambas cámaras las secciones que tiene que ver con el uso, fabricación y porte de documentos falsos entrarían en vigencia el 1ro de diciembre y el resto tan pronto se convierta en ley.