En una decisión aplaudida por organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, el 20 de junio vetó oficialmente dos proyectos de ley considerados como antiinmigrantes: la HB-318 y la SB-153. Esta acción se produce justo antes de que expirara el plazo legal para su aprobación automática, marcando un hito clave en la defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes en el estado.
Un veto que marca la diferencia
¿Qué proponían las leyes HB-318 y SB-153?
Ambos proyectos fueron presentados por legisladores republicanos y contenían disposiciones que obligaban a los alguaciles locales y otras agencias estatales de seguridad a colaborar estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También pretendían penalizar a los gobiernos locales considerados “comunidades santuario” y limitar ciertos beneficios para inmigrantes indocumentados.
Juristas y defensores han subrayado que la Constitución de Estados Unidos establece que los temas migratorios son de jurisdicción federal. Por tanto, legislar desde el nivel estatal o local sobre este tema plantea un conflicto legal claro, lo que refuerza la validez del veto como acción constitucionalmente adecuada.
El impacto humano detrás de las leyes antiinmigrantes
Temor, criminalización y separación familiar
Estas medidas no solo amenazaban con criminalizar aún más a las comunidades inmigrantes, sino que también habrían intensificado el miedo y la inseguridad entre miles de familias. La colaboración forzada con ICE puede conducir a detenciones arbitrarias y separaciones familiares devastadoras.
Eliazar Posada Jr., director ejecutivo de Equality NC, resumió el sentir de muchos: “Estas leyes forman parte de un ataque coordinado contra las comunidades inmigrantes, diseñado para profundizar el miedo y la inestabilidad”.
Reacción del gobernador Josh Stein
Declaraciones oficiales y postura pública
“El Proyecto de Ley del Senado 153 también nos haría menos seguros, por lo que veto esta legislación. En un momento en que nuestras fuerzas del orden ya están sobrecargadas, este proyecto de ley desvía a los agentes estatales de sus funciones estatales y los obliga a actuar como agentes federales de inmigración. Además, bajo la ley actual, las personas sin estatus migratorio legal ya no pueden recibir Medicaid, SNAP, Sección 8 ni otros beneficios”, declaró el gobernador Stein.
“Veto el Proyecto de Ley 318 de la Cámara de Representantes por ser inconstitucional. Apoyo los esfuerzos del proyecto de ley para exigir que los alguaciles contacten a las autoridades federales de inmigración sobre las personas bajo su custodia acusadas de agresión sexual, robo a mano armada, incendio provocado, agresión a funcionarios públicos y personal judicial, y otros delitos peligrosos. Quienes cometen estos delitos deben rendir cuentas, independientemente de si se encuentran aquí sin autorización legal, y quienes sean acusados de delitos graves deben ser sometidos a un mayor escrutinio por parte de los funcionarios federales de inmigración”, agregó Stein.
“Mi juramento al cargo me exige defender la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, no puedo firmar este proyecto de ley porque obligaría a los alguaciles a detener inconstitucionalmente a personas hasta 48 horas después de que, de otro modo, serían liberadas. El Cuarto Circuito es claro al afirmar que los agentes del orden locales no pueden mantener a personas bajo custodia únicamente por una sospecha de violación de las leyes migratorias. Pero seamos claros: cualquier persona que cometa un delito grave en Carolina del Norte debe ser procesada y rendir cuentas, independientemente de su estatus migratorio”, concluyó el gobernador de Carolina del Norte.
¿Puede la Asamblea superar el veto del gobernador de Carolina del Norte?
En la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, los republicanos tienen 71 escaños, uno menos de los 72 necesarios para una supermayoría de tres quintos. Los demócratas tienen 49 escaños en la Cámara.
En el Senado estatal de Carolina del Norte, los republicanos mantienen una supermayoría con 30 escaños, mientras que los demócratas tienen 20.
Dado que la Cámara carece de la mayoría a prueba de veto, los vetos del gobernador demócrata Josh Stein no pueden ser anulados sin el apoyo de al menos un miembro demócrata de la Cámara.