Las agencias del gobierno de Florida tendrían prohibido hacer negocios con empresas de transportación que traigan al estado a inmigrantes que están en el país de manera ilegal bajo un proyecto de ley que llegó a manos del gobernador Ron DeSantis.
El proyecto de ley es una prioridad para el gobernador republicano. También un intento por impedir que el gobierno federal envíe a Florida a personas que cruzan la frontera con México de forma ilegal. DeSantis, quien busca reelegirse este año, es crítico de las políticas de inmigración del presidente Joe Biden.
La Cámara de Representantes votó 77-42 a favor del proyecto de ley, en el que los republicanos aseguran que debe atenderse la inmigración ilegal. Los demócratas señalan que la única razón para aprobar la propuesta es impulsar las ambiciones políticas de DeSantis y desatar temores sobre los inmigrantes.
"Vine a Estados Unidos de la manera correcta. Todo esto trata de hacer cumplir la ley. Se trata de impedir que las personas que están trayendo personas ilegalmente, directamente a Florida, puedan hacerlo".
Representante republicano Webster Barnaby, quien inmigró desde Inglaterra.
Republicanos: ¿Por qué Florida no puede apalancar a inmigrantes indocumentados?
Barnaby comentó que los inmigrantes que son transportados a los estados después de cruzar ilegalmente la frontera con México "es prácticamente una invasión".
Una vez que DeSantis firme la medida, ésta prohibirá a cualquier agencia gubernamental, estatal o local, hacer negocios con cualquier aerolínea, compañía de autobuses o de transporte pagada por el gobierno federal para traer a Florida a inmigrantes que estén ilegalmente en el país.
La representante republicana Melony Bell dijo que el proyecto de ley es una cuestión de hacer el estado más seguro.
"Estas personas fueron abandonadas, puestas en la calle, sin trabajo, sin comida, sin refugio", dijo. "Una vez que llegan aquí, no tienen nada que hacer. Se meten en la delincuencia, empiezan a conducir en estado de ebriedad, matan a los ciudadanos".
Melony Bell
La propuesta también amplía un proyecto de ley que DeSantis promulgó en 2019 que prohibiría las políticas de santuario de los gobiernos locales. Además requeriría que las fuerzas del orden locales hicieran su mejor esfuerzo para trabajar con las autoridades migratorias federales.