La Corte Suprema dictaminó de manera unánime que miles de personas que viven en Estados Unidos por razones humanitarias no son elegibles para postularse a ser residentes permanentes.
La jueza Elena Kagan escribió para el tribunal que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país ilegalmente solicitar la "Green Card".
Y es que aunque tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS) no podrán aspirar a tener "tarjetas verdes" para permanecer en el país de forma permanente.
La designación se aplica a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres naturales.
Por lo que los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente.
Hay 400,000 personas de 12 países con ese estatus TPS.
Un caso que involucra a una pareja de El Salvador que ha estado en Estados Unidos desde principios de la década de 1990 es tomado como ejemplo.
Se centró en si las personas que ingresaron ilegalmente al país y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron "admitidas" en Estados Unidos bajo la ley de inmigración.
Pero Kagan escribió que no lo eran.
“El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite”, escribió.
“Entonces, la concesión de TPS no hace que un participante ilegal sea elegible para una tarjeta verde”.
La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que haría posible que los beneficiarios de TPS se conviertan en residentes permanentes, señaló Kagan.
El proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en el Senado.
Decisión de la Suprema Corte bajo la lupa
El caso enfrentó a la administración de Joe Biden contra grupos de inmigrantes que argumentaban que muchas personas que llegaron a Estados Unidos por razones humanitarias han vivido en el país durante muchos años.
Han dado a luz a ciudadanos estadounidenses y se han arraigado en Estados Unidos.
En 2001, Estados Unidos otorgó a los inmigrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país después de una serie de terremotos en su país de origen.
Las personas de otros 11 países están igualmente protegidas.
Ellos son de Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
Con información de The Associated Press
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