En un esfuerzo por hablar sobre posibles caminos hacia el estatus legal para los trabajadores inmigrantes, varios líderes políticos de las Carolinas participaron de una conversación con empresarios y grupos de derechos de los inmigrantes de la región el pasado 25 de marzo.
Mediante un mensaje grabado reproducido en la cumbre virtual “Carolinas Flourishing”, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, pidió una revisión de las políticas de inmigración a nivel federal para así garantizar que los trabajadores inmigrantes puedan continuar contribuyendo a la economía. También habló sobre el impacto del desacuerdo partidista en el Congreso en lo que respecta a las políticas de inmigración.
“Espero con ansias el día en que los líderes de nuestra nación puedan acordar una política de sentido común sobre inmigración. Eso es lo que necesitamos para mantener nuestra economía en marcha ", dijo Cooper." Puede contar conmigo para ser una voz firme para esa solución ".
También en un mensaje grabado, el senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, dijo que el 10 % de la fuerza laboral agrícola del estado son inmigrantes con visas H-2A. Este estatus permite a ciertos migrantes trabajar temporalmente para empresas y agencias agrícolas en Estados Unidos.
"Necesitamos crear una coalición bipartidista trabajando juntos para traer reformas al programa", dijo Scott. "Puedo garantizarles que estamos activos, trabajando con nuestros amigos del lado opuesto, buscando formas de crear una reforma real, una reforma sostenible, para la industria".
Además de Cooper y Scott, el evento contó con la participación del fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, el presidente de la Universidad de Duke, Vincent Price, y representantes de empresas y organizaciones de la región.
Según la Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense (AIBC), coanfitrión del evento, más de un millón de inmigrantes viven en las Carolinas. Incluyen más de 41,000 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y 120,000 trabajadores agrícolas que contribuyen más de $10.3 mil millones en impuestos federales y estatales.