Un tribunal federal de apelaciones detuvo, al menos temporalmente, los planes de la administración Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. La decisión, tomada el 29 de agosto, mantiene el estatus legal de los beneficiarios mientras el caso sigue su curso judicial.
Qué significa esta decisión
El fallo de la 9.ª Corte de Apelaciones en California respaldó la suspensión de un tribunal inferior, que había congelado las terminaciones de TPS. Esto protege temporalmente a aproximadamente 600,000 venezolanos, asegurando que puedan continuar viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.
Según la jueza federal Edward Chen de San Francisco, la administración podría haber excedido su autoridad al intentar terminar las protecciones, y su decisión “podría haber sido motivada por animosidad racial”. La congelación fue inicialmente revertida por la Corte Suprema sin explicación, algo habitual en apelaciones de emergencia.
Por qué es importante para la comunidad venezolana
TPS fue creado bajo la Ley de Inmigración de 1990 para otorgar estatus legal temporal a personas de países afectados por conflictos, desastres naturales o condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro. La medida busca proteger a quienes huyen de crisis políticas, económicas o humanitarias, como la situación actual en Venezuela.
La administración Trump argumentó que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado, y que mantener las protecciones no era de interés nacional. Sin embargo, expertos y líderes comunitarios señalan que la situación en Venezuela sigue siendo crítica, con inestabilidad política, hambre y desempleo masivo.
Semanas atrás, la Casa Blanca anunció una recompensa de $50 millones por información que permita la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Argumentando que su gobierno dirigía una red de narcotráfico.
La batalla legal no termina
El fallo del tribunal destaca que miles de personas podrían enfrentar separación familiar, detención y deportación si se eliminara el TPS. La corte enfatizó que el Congreso no contempló estos daños. Agregó que la incertidumbre afecta de manera irreparable a las familias mientras se espera una resolución final.
Para los 350,000 venezolanos cuyo TPS expiró en abril y los otros 250,000 cuya protección vence en septiembre, esta decisión representa un alivio temporal y una oportunidad de mantener la estabilidad en sus vidas y en sus comunidades.
Organizaciones como la Alianza Nacional TPS y abogados de los beneficiarios advirtieron que levantar el bloqueo judicial “causará más daño que beneficio” y obligará a muchas personas a regresar a un país que el propio Departamento de Estado considera peligroso, incluso para visitas.