La incertidumbre sobre el futuro financiero de programas que ayudan a inmigrantes ha llevado a diversas organizaciones a enfrentar severas limitaciones y tomar decisiones para mantenerse a flote. Entre ellas, limitar los servicios legales gratuitos o a bajo costo que ofrecen a comunidades vulnerables.
Una de estas organizaciones es el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, que explicó que, debido a las circunstancias, actualmente ha ajustado su enfoque en su Programa de Justicia para Inmigrantes para no dejar sin acceso a asistencia a los más vulnerables: menores no acompañados, víctimas de ciertos crímenes y beneficiarios de DACA.
Casos prioritarios: niños, víctimas de delitos y soñadores
A pesar de los desafíos, el programa ha priorizado ciertos tipos de casos. Los menores no acompañados siguen siendo una prioridad. “Nuestro enfoque sigue siendo estos casos de niños que entran solos al país, porque los padres o familiares los enviaron aquí para una vida mejor, quienes han sido abandonados o víctimas de negligencia, así como aquellos que requieren una Visa U”, contó a La Noticia la abogada Ruth Santana, del Centro de Apoyo Legal de Charlotte.
La Visa U está destinada a víctimas de crímenes dentro de Estados Unidos. Santana explicó que priorizan los casos de quienes ya han obtenido certificaciones firmadas por fiscalías o departamentos policiales, ya que son válidas por seis meses, lo que exige presentar solicitudes con urgencia.
“La otra prioridad que estamos dando son personas que ya tienen la Visa U y están por someter las aplicaciones de residencia, porque tampoco quisiéramos que las personas se encuentren que al finalizar su Visa U se encuentren sin ningún tipo de protección legal”, indicó.
También se da especial atención a las personas con DACA, que deben renovar su estatus para no perder su protección legal.
¿Quiénes son los más afectados por los recortes?
- Menores no acompañados al cumplir la mayoría de edad
Cuando un menor no acompañado cumple 18 años, su situación legal cambia de manera significativa, ya deja ser considerado “menor”, pierde ciertos beneficios y, en algunos casos, podrían ser elegibles para la deportación si no se regulariza su estatus migratorio. De acuerdo con Santana, el clima migratorio afecta particularmente a esta población.
“Todavía estamos aceptando estos casos de menores, pero lo que está ocurriendo es que con los jóvenes de 17 años al cumplir los 18 se hace aún más difícil su situación en términos de aceptar nuevos casos; esto es algo que está ocurriendo con muchas organizaciones como la nuestra”, dijo.
Agregó sobre los jóvenes: “Muchos se están encontrando sin tener abogados para ir a la corte y van sin saber o entender de qué a la corte desestimar su caso y los oficiales de ICE al enterarse de esto detienen a la persona al salir de su audiencia”.
- Solicitantes de asilo
“Hemos tenido que hacer ciertos ajustes en términos del tipo de casos que estamos aceptando y aunque hemos colaborado con diferentes organizaciones, al igual que nosotros ellos también están cortos de fondo, entonces es un poco difícil encontrar otros lugares a donde referir a los clientes con sus casos”, contó a La Noticia la abogada Ruth Santana, del Centro de Apoyo Legal de Charlotte.
Añadió que, para poder ajustar el programa a la nueva situación financiera, implementaron cambios como cobrar por ciertos servicios que antes eran gratuitos, aunque a un costo considerablemente inferior al de los servicios legales privados.
Precisó que este cobro está destinado a cubrir las tarifas que cobra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) por las solicitudes y la preparación de casos más complejos.
“Ese es el dilema que enfrentamos en cada caso en estos momentos, ‘¿vamos a poder aceptar nuevos casos?, ¿tendremos que cobrar?, ¿cuánto les vamos a cobrar? Y si los fondos pueden cubrir eso y si no cubren, hasta qué punto no se cubre”, mencionó.
Santana lamentó que no cuenten con la capacidad para atender a más solicitantes de asilo en tiempos en los cuales este procedimiento se ha vuelto más difícil debido a cortes de inmigración.
“Anteriormente, la corte daba mucho o suficiente tiempo para que uno pudiera buscar comprobantes, tener evidencia y todo lo demás. Hoy en día están dando muy poco tiempo para poder obtener esto. Si es un caso en el que se requiere un profesional, como un psicólogo o alguien quien conozca el gobierno de ese país en particular y pueda hablar de los prejuicios, los problemas y todo lo que está surgiendo dentro de ese país, por el corto tiempo que dan y la falta de fondos, no se puede cubrir eso”, indicó.
Añadió: “Lo otro que también ocurre con el asilo es que le han dado a la corte la discreción de simplemente revisar la solicitud y si encuentran que no hay base inmediata, negarlo y la gente entonces se enfrenta con una orden de deportación”.
Inmigrantes enfrentan escasez de recursos legales, ¿cómo ayudar?
En el Centro de Apoyo Legal de Charlotte existe una creciente demanda de servicios para inmigrantes, según Santana. Pero la falta de certeza en la financiación, sobre todo a largo plazo, los deja en un punto crítico.
“Los fondos que estamos recibiendo, aunque los han reanudado, decidieron que en vez de ser válidos por un año entero, los van a revisar cada tres meses. Entonces esto genera tensión de que al finalizar esos tres meses, no haya garantía de que ellos van a continuar supliendo ese dinero que nos permite seguir atendiendo a los clientes… No se sabe en términos de qué es lo que va a suceder y el gobierno y la agencia que está dando ese dinero no están obligados a seguir renovando el apoyo, así que básicamente estamos en espera”, indicó.
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