Agentes migratorios arrestaron el sábado 8 de marzo a Mahmoud Khalil, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia, en cumplimiento de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que prohíben el antisemitismo. Khalil, quien estaba en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, fue detenido dentro de su residencia estudiantil. Este es el arresto migratorio de más alto perfil ocurrido dentro de las universidades.
Mahmoud es residente permanente (tiene “green card”) y está casado con una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses. Su arresto ha sido condenado por grupos de derechos civiles, quienes consideran que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión política. Adicionalmente, agudiza el debate sobre posibles operativos migratorios en las universidades. ¿Qué pueden esperar los estudiantes indocumentados?
¿Cómo se ve una universidad dirigida por un cobarde?
Una de las primeras acciones oficiales de Trump fue quitar las restricciones a lugares considerados “sensibles” para realizar arrestos migratorios. Esto incluye instituciones educativas, centros de atención médica e iglesias.
Analistas piensan que es poco probable que se realicen operativos migratorios indiscriminados dentro de las universidades. El gobierno ha demostrado que su principal arma contra la inmigración indocumentada es infundir miedo, más que hacer arrestos. En parte por falta de recursos financieros y humanos.
Pero, ¿están haciendo algo nuestras instituciones universitarias para proteger a sus estudiantes indocumentados? La respuesta puede ser desalentadora. El miedo de perder fondos federales es contagioso entre administradores universitarios.
A pocas horas de darse a conocer la orden de Trump sobre los lugares “sensibles”, el rector de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill, Lee Roberts, tomó una posición sumisa, agachando la cabeza frente al poder, y dando la espalda a sus estudiantes.
En un tono servil, expresó para su intención de “cumplir con cualquier solicitud de las fuerzas del orden” cuando se le preguntó sobre la avalancha de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump, especialmente con respecto a la cooperación con ICE.
“Cooperar con el ICE socava la seguridad estudiantil, especialmente la de los estudiantes pertenecientes a minorías, y perjudica el aprendizaje de todos los estudiantes. La UNC no está legalmente obligada a cumplir con el ICE, a menos que exista una orden judicial válida o una citación judicial”, dijo Michele Delgado, abogada de ACLU.
¿Qué están haciendo otras universidades del país?
Mientras algunos centros educativos parecen dispuestos a colaborar con las políticas antiinmigrantes, otras universidades han asumido un rol valiente, o por lo menos coherente, hacia sus estudiantes.
Un ejemplo es el Keene State College, en New Hampshire, que ha declarado públicamente su compromiso de garantizar la seguridad de sus estudiantes, sin importar su estatus migratorio. La institución afirmó que no permitirá que agentes migratorios ingresen al campus sin una orden judicial válida.
Este enfoque ha sido respaldado por varias universidades en estados como California, Nueva York y Washington. Estas se han comprometido a brindar asistencia legal a estudiantes indocumentados y proteger su información personal. Todo esto está amparado por la ley federal.
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) establece que las universidades no pueden compartir información personal o académica de un estudiante sin su consentimiento por escrito, a menos que exista una orden judicial.
Esta normativa también protege a estudiantes indocumentados, impidiendo que universidades compartan datos con ICE sin previa autorización.
No hay excusa, hay recursos legales con los que se puede cuidar de los estudiantes indocumentados. Tristemente, para algunos funcionarios universitarios, el jugoso dinero que llega desde el gobierno es más importante.
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