El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, vetó el 20 de septiembre el Proyecto de Ley HB-10, una medida que busca obligar a agencias locales a ejercer tareas migratorias y desviar fondos destinados a las escuelas públicas para financiar instituciones privadas.
Durante el acto, Cooper, estuvo acompañado por líderes educativos y empresariales de ambos partidos, advirtió sobre los peligros de esta ley, especialmente para las escuelas en áreas rurales.
El proyecto de ley, que redirigiría miles de millones de dólares del presupuesto estatal a escuelas privadas, ha sido criticado por su falta de responsabilidad y el impacto negativo que tendría en los distritos escolares rurales.
El gobernador dejó claro que los fondos públicos deberían utilizarse para mejorar la educación pública, en lugar de subsidiar a familias adineradas que ya pueden pagar la educación privada.
Aplauden veto del gobernador
Activistas denunciaron la HB-10 asegurando que dañaría las relaciones entre la comunidad inmigrante y las autoridades, por tanto, menos personas denunciaría ser víctimas del crimen, generando un problema de seguridad pública.
“Agradecemos al gobernador Cooper por estar del lado correcto de la historia al vetar la HB-10 y proteger la justicia y la igualdad para todos”, dijo Pilar Rocha-Goldberg, Presidenta y Directora Ejecutiva de El Centro Hispano NC.
“Este proyecto de ley no solo era innecesario, sino también dañino, al dirigirse a una comunidad que juega un papel fundamental en el crecimiento económico de Carolina del Norte”, agregó Rocha-Goldberg.
Impacto en las comunidades rurales
Uno de los puntos más controversiales de la HB-10 es su impacto en los condados rurales, donde las opciones de educación privada son limitadas. El 28 % de los condados rurales de Carolina del Norte tienen una o ninguna escuela privada que participe en el programa de vales, lo que significa que los recursos se desviarían hacia las áreas urbanas más ricas, dejando a las zonas rurales con menos fondos para la educación pública.
El Gobernador Cooper subrayó: “Los vales escolares no mejoran el rendimiento académico y solo sirven para desviar dinero público de las escuelas que más lo necesitan, especialmente en áreas rurales”.
Lucha por un financiamiento justo en la educación pública
Carolina del Norte ya ocupa uno de los últimos lugares en el país en cuanto a financiamiento para la educación K-12. Actualmente, el estado gasta casi $5,000 menos por estudiante que el promedio nacional. Una cifra alarmante considerando que el 84 % de los estudiantes asisten a escuelas públicas.
Además, los maestros de Carolina del Norte ocupan el puesto 38 en cuanto a salarios a nivel nacional, una señal clara de que el sistema educativo necesita más inversión, no menos.
La expansión del programa de vales, según la Oficina de Gestión del Presupuesto del Estado, podría desviar hasta $100 millones de las escuelas públicas en su primer año. Esto exacerbaría aún más las disparidades entre las escuelas rurales y urbanas.
Piden respetar veto del gobernador
La Asamblea General de Carolina del Norte cuenta con una “súper” mayoría republicana y pueden anular el veto de Cooper. Sin embargo, activistas presionan a los legisladores de ambos partidos para que mantengan el veto.
“Hacemos un llamado a los legisladores de Carolina del Norte para que respeten el veto del gobernador Cooper y rechacen esta legislación perjudicial. Es imperativo que nuestros funcionarios electos defiendan la justicia, la equidad y los derechos constitucionales de todos, sin importar el estatus migratorio”, concluyó Rocha-Goldberg.