Este jueves, un tribunal federal aprobó un acuerdo establecido entre organizaciones de derechos civiles y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Norte en la demanda colectiva federal Johnson v. Goodwin.
De acuerdo al trato, el DMV enviará un aviso especial a miles de conductores para informar cómo pueden solicitar una audiencia en un tribunal estatal para determinar si la revocación de sus licencias de conducir fue producto de incapacidad para pagar multas, sanciones u otros costos judiciales y si son elegibles para la exención o reducción de estos costos, además del restablecimiento de su licencia.
“Esperamos que este acuerdo ayude a mitigar los daños de la práctica innecesariamente dura y punitiva de revocar las licencias de conducir de las personas porque no son ricas, una práctica que ha afectado de manera desproporcionada a las personas y comunidades de color”, dijo Michele Delgado, abogada del personal del ACLU de Carolina del Norte.
“La gente debe saber que existe un proceso para solicitar una audiencia en la corte y posible desagravio si creen que sus licencias de conducir fueron revocadas por error. El público debe tener información clara sobre sus derechos a una audiencia en la corte estatal con respecto a su capacidad para pagar multas y costos relacionados con el tránsito antes de que les quiten la licencia”, agregó.
El acuerdo se consiguió cuatro años después de que tres ciudadanos presentaron una demanda contra la ley de Carolina del Norte y la práctica del DMV de revocar licencias, consideradas como inconstitucionales.
¿Qué organizaciones representan a los demandantes?
El Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), la ACLU de Carolina del Norte y la Southern Coalition for Social Justice (SCSJ) presentaron la demanda.
Uno de los demandantes se vio obligado a tomar la difícil decisión entre pagar sus multas de tránsito y mantener a sus hijos. El hombre pagó más de $700 que debía por la necesidad de recuperar su licencia. Una multa separada por conducir con una licencia revocada, además de los costos y tarifas judiciales, lo dejaron con el temor de perder otra vez su licencia.
Situaciones como la anterior son las que trata de evitar el trato de las autoridades.
“El sistema de revocación de licencias basado en la riqueza de Carolina del Norte ha obligado a decenas de miles de conductores a elegir entre pagar multas de tránsito o mantener a sus familias”, aseguró Jeff Loperfido, asesor principal de derechos electorales de Southern Coalition for Social Justice .
“El acuerdo de hoy lleva al estado un paso más cerca de brindarles a estos habitantes de Carolina del Norte su debido proceso conforme a la ley y de mitigar un sistema punitivo que afecta de manera desproporcionada a las personas de color, lo que lleva a más de nuestros vecinos a ciclos innecesarios de deuda”, añadió.