Existen programas gubernamentales diseñados para ofrecer ayuda a familias en necesidad, sin embargo, un inmigrante debe tener cuidado al solicitar ciertos beneficios o ayudas económicas, ya que no todos los programas son adecuados, incluso podrían afectar su caso migratorio y dificultar que pueda vivir legalmente en el país.
La abogada de inmigración, Jennifer Ezeigwe, explicó que ser inmigrante y recibir ayuda del gobierno es un intenso tema de debate político en el país y debido a esto la legislación ha experimentado cambios importantes desde la administración del expresidente Trump. Hoy en día, estos temas son regulados por “Ley de carga pública”.
¿Qué es la Ley de carga pública?
“Esta ley evalúa a las personas que aplican para visas o para cambios de estatus de sus procesos migratorios. Lo que busca es que la gente no se convierta en una carga pública para el gobierno. Con ella, el gobierno se asegura de que las personas que vengan y quieran quedarse en Estados Unidos no sean dependientes y, si se cree que lo serán, entonces pasan a ser inadmisibles para sus solicitudes”, dijo Ezeigwe a La Noticia.
De acuerdo con la abogada, que un inmigrante reciba asistencia pública en efectivo a largo plazo significa que hay altas posibilidades de que se convierta en carga pública y, por lo tanto, es una causa de inadmisibilidad al momento de solicitar la residencia permanente o “green card”, el ajuste de estatus o una visa. Lo mismo ocurre con quienes permanecen en instituciones públicas a largo plazo, como en un asilo de ancianos o un centro de salud mental.
USCIS precisa que otros beneficios que se consideran carga pública son:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
- Asistencia en efectivo bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
- Programas de asistencia en efectivo estatales y locales que proporcionan beneficios para el mantenimiento de ingresos (a menudo llamados programas de Asistencia General).
¿Quiénes pueden pedir beneficios sin afectar su caso migratorio?
“Hay algunas personas a quienes no se les aplica esta ley de la carga pública y esto se encuentra vinculado, principalmente, porque llegan a Estados Unidos por razones humanitarias”, explica Ezeigwe.
Algunos de estos inmigrantes son:
- Asilados y refugiados.
- Cubanos, nicaragüenses y otros centroamericanos que están en proceso de ajuste de estatus.
- Inmigrantes menores de edad.
- Solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS).
- Víctimas de trata o de delitos.
- Solicitantes de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
¿Qué no se considera carga pública?
- Programas de nutrición, como: Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), programas de alimentación escolar y beneficios bajo la Ley de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP).
- Medicaid.
- Seguro de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
- Beneficios relacionados con inmunizaciones o pruebas de enfermedades.
- Servicios basados en el hogar y en la comunidad (HCBS).
- Programas de vivienda como la Ley de Asistencia para Personas Sin Hogar McKinney-Vento.
- Beneficios educativos y de asistencias en escuelas públicas.
- Préstamos estudiantiles y programas de préstamos hipotecarios.
- Programas de ayuda en desastres proporcionados bajo la Ley Stafford, el Plan de Rescate Americano o asistencia proporcionada por gobiernos estatales y locales.
- Beneficios ganados, como la jubilación del seguro social, pensión o seguro de desempleo.
- Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).
- Créditos tributarios por hijos, entre otros.
Estas son solo algunos de los programas que el USCIS no considera carga pública. Para ver la lista completa, visita el siguiente enlace.
“Es importante para los inmigrantes saber que sí pueden aplicar para cosas como los food stamp (cupones de alimentos), programas de asistencias para embarazadas, seguro de desempleo, porque estos no son carga pública. Igual como pasa en situaciones de emergencia, como pasó durante el COVID”, comentó Ezeigwe.
El miedo a pedir ayuda
La confusión en torno a la carga pública ha llevado a muchos inmigrantes a evitar solicitar asistencia a la que tienen derecho y podrían necesitar. Según la jurídica, este miedo es infundado y puede resultar en dificultades económicas innecesarias, ya que muchos inmigrantes pueden solicitar estos programas sin convertirse en carga pública.
“Muchas necesitan los cupones de comida, los vouchers de cuidado infantil, pero por miedo no los piden. Entonces, mi recomendación es si lo necesita y es elegible, hágalo, porque para eso están disponibles, y a veces, no son utilizados. Es por desconocimiento y temor y, si aún tiene dudas, entonces consulte a un abogado”, cerró.
Ezeigwe trabaja en la Firma de Abogados Sussman, la cual se dedica a casos de familia, inmigración y negocios. Para conocer más sobre sus servicios, visite: sussmanlawfirmpllc.com.