El presidente Donald Trump firmó el 21 de julio un memorando que intenta prohibir al Censo que cuente a indocumentados que viven en Estados Unidos, a fin de impedir, según dijo, que estos inmigrantes sean considerados a la hora de realizar la redistribución de puestos en el Congreso.
La Corte Suprema bloqueó el intento del gobierno de agregar una pregunta sobre la ciudadanía al cuestionario del Censo 2020, por no poder justificar la razón detrás de esto. El máximo tribunal del país dijo que la razón del gobierno para agregar la pregunta parecía forzada.
Trump dijo en el memorando que había determinado que el “respeto a la ley y protección de la integridad del proceso democrático justifican la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de distribución, en la medida de lo posible y en la máxima medida de la discreción del presidente bajo la ley”.
Se prevé que el memo presidencial sobre el Censo contra los indocumentados sea apelado en las cortes.
El Censo y los indocumentados
La Oficina del Censo indicó el mes pasado que más de 90 millones de viviendas ya habían respondido al Censo 2020, la mayoría en línea. Las personas todavía pueden responder por su cuenta en internet, por teléfono o por correo, en todos los casos sin tener que encontrarse con un censista. Hasta esta semana, personas comenzaron a presentarse en casas en seis áreas cuyos residentes todavía no habían respondido el cuestionario.
Quienes se oponen a la pregunta de ciudadanía dijeron que esta desalentaría la participación en el Censo de inmigrantes indocumentados en el país, lo que resultaría en cifras imprecisas para un conteo que determina la distribución de aproximadamente 675 millones de dólares de fondos federales y cuántos distritos congresionales recibe cada estado.
Los intentos de Trump de agregar la pregunta de ciudadanía provocaron furia y respuestas negativas de críticos, que afirman que su intención era desalentar a responder el Censo además de los indocumentados, sino también a ciudadanos que temen que al participar sus familiares, que no son ciudadanos, quedarían expuestos a repercusiones.
Ola de rechazos
“No hay fin para la agenda antiinmigrante de Donald Trump”, dijo Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata. “Primero, intentó incluir una pregunta de ciudadanía en el Censo, pero se lo impidió la Corte Suprema. Ahora la retomó con una orden inconstitucional que no tiene otro objetivo que silenciar y quitarle poder a las voces latinas y comunidades de color”.
“La orden ejecutiva muestra una vez más a Trump tratando desesperadamente de evitar que los inmigrantes indocumentados sean contados para el Censo 2020. Sin embargo, el Presidente no puede evitar que se cuente a los inmigrantes”, dijo a La Noticia Yesenia Mata, directora ejecutiva de la organización La Colmena.
“La realidad es que el Censo ya se ha difundido y no incluir una pregunta sobre la documentación después del fallo de la Corte Suprema, lo que hace prácticamente imposible que no se cuente a los habitantes indocumentados. Los inmigrantes indocumentados han sido los más afectados durante la pandemia de COVID-19 y los resultados muestran que estas comunidades han tenido las tasas de respuesta más bajas. Haremos todo lo posible para asegurar que todos nuestros vecinos inmigrantes indocumentados sean contados”, agregó Mata.
“La orden ejecutiva de la Casa Blanca es descaradamente inconstitucional y Trump perderá en los tribunales”, comentó a la Noticia César Vargas, el primer abogado indocumentado de Nueva York.
Esta nota usó información de AP.