Los hoteles y moteles que desalojen a sus inquilinos sin órdenes judiciales podrían incurrir en violaciones a las leyes de Carolina del Norte, cuyas penalizaciones incluyen multas de hasta 5,000.
El Fiscal General Adjunto de la División de Protección al Consumidor en Carolina del Norte, Daniel Mosteller, emitió un comunicado donde indicó que los desalojos pueden considerarse ilegales dependiendo de las circunstancias en las que los inquilinos se encuentren en estas propiedades.
El Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte ha determinado que las leyes de arrendadores e inquilinos protegen a ciertas personas que usan habitaciones de hotel y motel como su residencia principal, incluso cuando no hay un contrato de arrendamiento por escrito
, indicó Mosteller.
Asimismo el Fiscal General de Carolina del Norte, Josh Stein, solicitó a los arrendadores que ofrezcan facilidades de pago para sus inquilinos afectados por las consecuencias económicas de la pandemia.
Las personas quieren pagar sus cuentas. Si ellos pueden, lo harán y deberían hacerlo (...) Pero muchos habitantes de Carolina del Norte han perdido sus trabajos e ingresos. Por eso es por lo que pedimos a los arrendadores diseñar planes de pago para estos inquilinos
, dijo el Fiscal General Stein.
Sanciones judiciales
Las leyes de Carolina del Norte sostienen que ningún inquilino puede ser desalojado sin una orden judicial, incluso si no ha pagado su renta.
Asimismo, esta orden debe ser ejecutada únicamente por el Departamento del Alguacil, no por el personal de hotelería.
Por consiguiente, los hoteles y moteles deben obtener primero una orden judicial antes de pedir cualquier aplicación de la ley contra inquilinos.
Las penalizaciones por violar estas leyes pueden incluir compensaciones monetarias a los inquilinos afectados y multas de hasta 5,000, solicitadas por la Fiscalía General de Carolina del Norte.
Asimismo, el Fiscal General del estado está autorizado a solicitar medidas cautelares y órdenes de alejamiento en casos donde se violen las leyes para arrendadores e inquilinos y las normativas de protección al consumidor.
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