A partir del 1.º de octubre, entra en vigencia la Ley HB-318 en Carolina del Norte, la cual amplía la cooperación entre los alguaciles locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta legislación despierta una serie de dudas y preocupaciones en la comunidad inmigrante. Por esta razón, la abogada de inmigración, Yesenia Polanco-Galdámez, explica cómo funciona y a quiénes afecta.
“Cuando muchos alguaciles en Carolina del Norte dejaron de trabajar con inmigración y eliminaron sus contratos bajo el acuerdo 287(g). A los legisladores no les gustó y se opusieron a que los condados tuvieran el poder de no colaborar con ICE, por eso hicieron la HB-10 para hacer obligatoria esta colaboración, pero en su postura por ampliar esta ayuda y detener a más inmigrantes crearon las leyes HB-318 y la SB-153”, explicó la abogada.
¿En qué consiste la HB-318 y cómo se diferencia de la HB-10?
“Desde que salió la Ley HB-10, las autoridades de las localidades de todo el estado, los 100 condados, se estaban enfocando en delitos mayores y graves para involucrar a ICE. Entonces ciertas personas eran detenidas y retenidas y otras no. Pero con la HB-318 se quiere obligar a los alguaciles a reportar a inmigrantes si cometen delitos menores y crímenes no violentos”, diferenció la abogada.
Junto con esto, explicó que desde la entrada en vigencia de la HB-10 en diciembre de 2024, muchas personas habían sido liberadas de centros de detención locales, tras cometer delitos como manejar bajo influencia de alcohol o drogas (DUI) y violencia doméstica. Sin embargo, esto cambiaría el panorama para quienes se crean responsables de cometer estos delitos y que se encuentren ilegalmente en el país.
“Esto elimina la discreción que tenía cada fiscalía, alguacil, cárcel, corte y organizaciones locales de lograr la liberación de la persona pagando una fianza, por lo que vamos a ver más arrestos y colaboración local con ICE”, advirtió.
¿Qué delitos activan la notificación a ICE?
Se obligaba a notificar a ICE cuando se sospecha que la persona se encuentra ilegalmente en el país y también que cometió:
- Delitos relacionados con drogas (posesión, distribución, venta y fabricación).
- Homicidio
- Secuestro
- Delitos sexuales (como la violación y el abuso)
- Robo y hurto
- Uso y porte ilegal de armas
- Agresión y violencia doméstica
- Delitos contra la moralidad pública (como la prostitución)
- Fraude, estafa y falsificación
- Perjurio
- Violación de órdenes de restricción
- Conducir bajo la influencia (DWI)
“Hay delitos que no tienen como consecuencia la cárcel, sino servicio comunitario y la persona puede salir, pero ahora con cualquier felonía, se puede llamar a inmigración, incluso por amenazas y prevenir la interferencia policial, lo que ocurre cuando el marido le dice a la mujer ‘no te voy a dejar salir de la casa, ni llamar a la policía’, este es un delito que cae bajo la violencia doméstica”, indicó la abogada, explicó que este tipo de delitos también podrían llevar a la deportación.
¿Qué pasa ahora cuando un inmigrante es detenido?
Si una persona es detenida y trasladada a una cárcel local, la Ley HB-318 establece que se debe entrevistar al detenido para confirmar su estatus legal en el país o examinar sus documentos, pero si aún hay dudas, deberá contactar a inmigración para que lo verifiquen.
Si se confirma que entró al país de forma ilegal o que no tiene admitido permanecer en Estados Unidos, se les notifica al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que podrá emitir una orden de retención.
Este es un aviso de ICE dirigido a las autoridades locales para que mantengan a una persona bajo custodia, incluso si debería ser liberada debido a que era un delito menor o pagó fianza. La detención, que básicamente inició por motivos criminales, se mantendrá durante otras 48 horas por motivos migratorios.
Además de obligar al alguacil a retener al detenido, la HB-318 también lo obliga a notificar a ICE dos horas antes de liberar a esa persona.
“Ya no solamente tienen que notificarles, también tienen que llamarles para que sepan que ya la persona está por ser liberada. Ya si ICE no responde, la persona puede ser liberada, en el caso de que corresponda su liberación por la felonía de la que se le culpa”, explicó.
Aunque sea inocente, hay riesgo de deportación
Según la abogada, estas leyes generan un impacto devastador para los inmigrantes, ya que permiten que cualquier detención, incluso por un delito menor, desencadene un proceso de deportación, independientemente de que el caso penal se desestime, la persona pague la fianza o sea inocente.
“Aunque los oficiales se hayan equivocado y la persona tenga un pie en la cárcel, los alguaciles al involucrar a ICE, el proceso va a pasar a manos de inmigración y sabemos que en estos momentos, es complejo obtener una fianza, incluso con el delito desestimado. Entonces, una falla penal podría tener la consecuencia de una penalidad muy alta: la de ser separado de su familia de por vida y deportado. Por un error como tomar unas bebidas de más en una fiesta, como un delito de tránsito, las consecuencias podrían ser permanentes”, dijo.
Agregó: “La persona es inocente hasta que lo encuentren culpable, pero esta ley elimina este derecho. Técnicamente, la persona va a la corte, defiende su caso y lo gana, pero igual viene inmigración, lo detiene, lo transfiere a un centro de detención migratorio y allí la defensa penal no importa, ya es algo secundario. Es tremendo”.
Latinos podrían ser víctimas de discriminación racial
Otra de las críticas a esta ley, según Polanco-Galdámez, es que fomenta el perfil racial y la discriminación, ya que crea un ambiente donde las detenciones se incrementan no por el crimen cometido, sino por la apariencia o el origen étnico de la persona.
“Ahora va a ser válido que la policía diga: vamos a detenerlos porque pueden deportarlos porque se ven como nosotros (los latinos), tienen ese color, hablan ese lenguaje, parecen inmigrantes… Además, podría hacer que las autoridades se enfoquen en ubicaciones donde haya más latinos y los comiencen a arrestar por delitos por los cuales antes no estaban arrestando. Lamentablemente, esta ley le quita derechos constitucionales al individuo que entra en este perfil racial”, lamentó.