Seis proyectos de ley antiinmigrantes son discutidos por la Asamblea General de Carolina del Norte. Tres buscan establecer una alianza entre las autoridades locales y las migratorias, mientras que otros tres buscan imponer restricciones para que los indocumentados puedan trabajar.
Agentes migratorios locales
El 25 de marzo se presentó en el Senado el proyecto de ley SB-341 que busca castigar a las autoridades locales que acepten ciertas formas de identificación, crea incentivos para que condados y ciudades colaboren con Inmigración, prohibe que instituciones del Sistema de Universidades de Carolina del Norte (UNC) se conviertan en “santuarios para inmigrantes”, e instruye al Departamento de Seguridad Pública para que colabore con Inmigración mediante la suscripción de un memorandum de entendimiento.
Este proyecto se parece al HB-135, presentado por el legislador George Cleveland en la Casa de Representantes, con la adición de que este último busca imponer a nivel estatal el polémico programa de deportación 287(g).
Por su parte el proyecto HB-370 busca multar a las agencias locales que no sigan las órdenes de Inmigración. Se espera que este proyecto sea votado esta semana.
Trabajadores indocumentados
El 27 de marzo se introdujo el proyecto de ley HB-484, que exige a todas las agencias estatales y las juntas que emiten certificaciones profesionales (como en el caso de los peluqueros o maquilladores), que verifiquen el estatus migratorios de los solicitantes antes de otorgar un certificado.
Finalmente dos proyectos de ley (HB-63 y HB-244) buscan ampliar los alcances del programa de identificación migratoria de trabajadores E-Verify, para empresas con cinco empleados o subcontratistas que trabajen con entidades estatales.