En muchos lugares de Carolina del Norte se ha reabierto el debate sobre la efectividad del programa de deportación 287(g), que funciona en las cárceles de seis condados. Pero luego de 12 años de infructuoso funcionamiento y un diluvio de críticas, cuesta trabajo entender cómo algunas autoridades, incluso candidatos para las primarias, se empecinan en defender un programa que solo es popular entre los amantes de las deportaciones sin sentido.
¿Qué es el 287(g)? es un acuerdo entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y algunos condados, con el cual se capacita a agentes locales de la oficina del alguacil para que ejerzan atribuciones que no les compete: hacer cumplir las leyes de inmigración.
Bajo el programa, cualquier inmigrante que llegue a una cárcel, por cualquier motivo, en donde funcione el 287(g) será identificado y esa información pasará al ICE, en donde eventualmente pasará a proceso de deportación.
ICE opera el 287(g) en 76 agencias del cumplimiento de la ley en 20 estados.
Pese a que no es una región fronteriza, Carolina del Norte es el tercer estado con más condados (6 en total) en donde funciona el 287(g). Más de 20,000 personas fueron colocadas en proceso de deportación desde que se comenzó a implementar en el 2006 en Carolina del Norte.
La idea original, según los defensores del programa, es identificar a criminales peligrosos, pero la realidad es que el 287(g) ha sido utilizado para deportar a miles de trabajadores indocumentados que cometieron faltas menores de tránsito, como no llevar una licencia de conducir. Al menos una docena de estudios universitarios a lo largo del país lo han denunciado.
Funcionarios como el alguacil Irwin Carmichael de Mecklenburg (quien busca la reelección), Charles McDonald del condado de Henderson, o Terry Johnson de Alamance (condado que quiere volver a instalar el programa), defienden el 287(g) con pomposas ruedas de prensa, en donde ofrecen fotografías de un puñado de criminales violentos procesados por el programa, pero cuando se les pide que muestren cifras de todos los procesados y los motivos por los que fueron arrestados, hay silencio cómplice.
Las oficinas del alguacil que reciben dinero por la implementar el 287(g) aseguran que el programa mantiene a nuestras comunidades más seguras. Sin embargo un extenso estudio publicado el 18 de abril por el Instituto CATO señala que el 287(g) no disminuyó la delincuencia en Carolina del Norte.
Hay algo en lo que si ha sido efectivo el 287(g), en generar miedo entre la comunidad inmigrante y desconfianza con la policía.
Un completo estudio realizado por La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill llamado: El programa 287 (g), los costos y las consecuencias de la aplicación local de la ley de inmigración en las comunidades de Carolina del Norte, asegura que: “El temor a la policía ha tenido un impacto en la seguridad pública al desalentar a los latinos a denunciar delitos. Las entrevistas en las jurisdicciones en donde funciona el 287 (g), sugieren que ha habido un aumento en los casos en donde no se denuncia el crimen en la comunidad latina”.
Este temor de los inmigrantes hacia las autoridades solo beneficia a los criminales.
Ni la opinión pública, ni los estudios académicos, ni las cifras sobre el índice del crimen apoyan el 287(g) ¿Por qué seguir apoyando a quienes defienden este programa absurdo? No podemos dar nuestro voto a candidatos o funcionarios que apoyan el 287(g) en las próximas elecciones primarias.