Alguaciles de los condados más poblados de Carolina del Norte desafiaron la posición de la Asociación de Alguaciles del estado, al abiertamente oponerse a un proyecto de ley que busca obligar a estas agencias a seguir las órdenes de las autoridades migratorias.
Bajo el proyecto HB-370 los alguaciles tendrían que honrar las órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque los arrestados tengan el derecho de salir bajo fianza.
El proyecto de ley impondrá penalidades (multas y despidos) a las ciudades, condados, y agencia que incumplan con estas ordenanzas. La HB-370 fue aprobada en la Cámara de Representantes y se modificó parte de su lenguaje, para contar con el apoyo de la Asociación de Alguaciles, pues inicialmente la entidad rechazó el proyecto.
La nueva versión establece que los funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley deben permitir que los agentes de ICE entrevisten a cualquier persona que esté bajo la custodia de una cárcel del condado
. A la Asociación le preocupaba que el lenguaje anterior que daba a ICE un amplio acceso a los reclusos y los registros locales.
Ahora la HB-370 instruye a los agentes de la ley a que, al recibir una solicitud de retención de un inmigrante por parte de ICE, tomen a la persona bajo custodia ante un funcionario judicial estatal
. Ese funcionario luego decidirá si permite la detención continua del inmigrante. Se espera que esta versión sea votada en un comité de la Asamblea General esta semana.
Se oponen
Varios alguaciles, incluyendo a los de Mecklenburg, Wake, Durham, Guilford, y Buncombe, han manifestado públicamente estar en contra de la medida.
Algunos de estos alguaciles ha sido fuertemente criticados por ICE por no honrar las órdenes de detención de esta agencia (las cuales son voluntarias). Los alguaciles aclaran que ellos respetan todas las órdenes de retención de un recluso que sean autorizadas por un juez.
La propuesta de la Asociación, si bien tiene buenas intenciones, no remedia los defectos constitucionales y legales, en particular, las violaciones al derecho constitucional al debido proceso, en todas las versiones de la HB-370 y SB-673 tal como está redactado
, dijo a La Noticia Danny Rogers, alguacil de Guilford.
Por su parte, Garry McFadden, alguacil de Mecklenburg dijo a La Noticia: La HB-370 usurpa el poder de cada alguacil y de la comunidad local para establecer sus propias políticas. En la versión revisada de la HB-370, los miembros de la comunidad que viven en familias de estatus mixto que son víctimas de delitos, que han presenciado delitos o que de otra manera desearían acceder a los servicios del cumplimiento de la ley, probablemente estén menos dispuestos a interactuar con nuestros departamentos. Temo que la HB-370 haga que nuestras comunidades sean menos seguras
.
Desde que la Administración de Trump llegó al poder, Carolina del Norte ha experimentado un aumento del 460 en los arrestos de ICE.