Raleigh- El Senado de Carolina del Norte aprobó la tarde del 28 de junio, en tercera lectura, el proyecto de ley antiinmigrante HB 100. Una medida legislativa que invalida las identificaciones comunitarias como la Faith Action ID, además castiga a las ciudades que ayudan a los indocumentados (ciudades santuario) cortando los fondos para la construcción de escuelas y carreteras.
Intentarán detenerla
Con una votación de 31 a 18 en el Senado, el HB 100 fue enviado al Comité de reglas y operaciones de la Cámara de Representantes, donde podría ser debatido en el transcurso de esta esta semana -antes de que concluya la sesión corta de este año- o donde también tiene la posibilidad de quedar sepultado.
Maudia Meléndez, directora de la organización Jesus Ministry, aseguró a La Noticia que ha mantenido un dialogo constante con el representante Harry Warren sobre este tema y él le dijo que junto con otros colegas, usarán [blockquote style="1"]“todos los medios legales en la Cámara de Representantes para que este proyecto de ley no sea aprobado”[/blockquote].
Cómo cambió la propuesta
En la sesión legislativa del 2015, la Cámara Baja aprobó la propuesta HB 100 del representante republicano George Cleveland, una medida que inicialmente solamente abordaba el tema de los jurados. Sin embargo el martes 21 de junio, el HB 100 fue enmendado por el Comité Judicial II del Senado donde se le agregó partes de las propuestas SB 868 del senador Norman Sanderson, y de la HB 1069 del mismo Cleveland. Ambas planteaban eliminar las identificaciones comunitarias.
Además el HB 100 crea dos procesos de quejas con sanciones severas en contra de las ciudades o condados que no cumplan con las “leyes de inmigración del estado”. Lo que se define como las provisiones de “ID” de la ley HB 318 (los oficiales del gobierno tienen prohibido aceptar la matrícula consular o las identificaciones comunitarias) y las provisiones relacionadas con las ciudades santuario (ciudades y condados no podrán prohibir a las agencias del orden recolectar información sobre el estatus de inmigración).
Igualmente las personas con una duda razonable de incumplimiento de la ley, puedan prescribir una queja ante la oficina del Fiscal General, que se encargaría de realizar las investigaciones pertinentes.Tras los resultados si se encuentra a la ciudad, el condado, la oficina del alguacil o la policía culpable de violar la ley, incurriría en la suspensión de fondos para la educación y proyectos viales. La queja puede ser anónima.
Por otro lado, la HB 100, también requiere que el secretario de la Corte mantenga un registro público de las personas que se excusan de ser jurados por razones de ciudadanía o de idioma.