La Corte Suprema dio luz verde a la administración de Donald Trump para continuar con la cancelación del programa de “Parole humanitario” CHNV para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que permitió que más de 532,000 inmigrantes vivan temporalmente en Estados Unidos.
¿Qué es el “parole humanitario”?
Durante la administración de Joe Biden se implementó por primera vez esta política de libertad condicional o “parole” por motivos humanitarios, para venezolanos en el 2022, y posteriormente amplió a nicaragüenses, haitianos y cubanos. Con este programa, hasta 30,000 personas elegibles de los cuatro países podrían ingresar temporalmente a Estados Unidos cada mes.
Igualmente, este programa les permitía a los beneficiarios la posibilidad de trabajar y residir legalmente en el país por dos años.
A principios de agosto del 2024, la Administración Biden suspendió el programa por hallar indicios de irregularidades en miles de solicitudes, sin embargo, se reabrió a finales de ese mismo mes.
¿Por qué se elimina el “parole” humanitario CHNV?
El 20 de enero, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 14165, que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cancelar todos los programas de perd´øn condicional o “parole” para inmigrantes, incluido el CHNV.
El DHS anunció la terminación del parole de todos los beneficiarios del CHNV mediante un aviso único en el Registro Federal. Esto provocó una demanda, pues defensores de los inmigrantes alegaron que esta cancelación masiva era ilegal y arbitraria, ya que la ley requiere que el parole se termine de manera individual y basada en el caso concreto.
El tribunal de distrito de Massachusetts suspendió temporalmente la orden del DHS, considerando que la terminación debía hacerse caso por caso. Sin embargo, el gobierno solicitó a la Corte Suprema que suspendiera la decisión del tribunal de distrito para poder proceder con la terminación masiva antes de que se resuelva la apelación.
El viernes 30 de mayo, en una opinión de ocho páginas, la Corte Suprema concedió la suspensión, permitiendo que el DHS avance con la terminación del parole mientras se resuelve la apelación en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito.
La jueza Ketanji Brown Jackson (con apoyo de la jueza Sonia Sotomayor) disintió de la decisión de la Corte Suprema, argumentando que el gobierno no demostró daño irreparable que justifique la suspensión y que los inmigrantes sufrirán consecuencias graves e irreparables.
Beneficiarios del programa CHNV pueden ser deportados
Si la suspensión se mantiene, los beneficiarios podrían enfrentar deportación inmediata, pérdida del permiso de trabajo, separación familiar, y exposición a regresar a las condiciones de sus países de origen.
La decisión afecta especialmente a aquellos que entraron bajo el programa CBP One, implementado por la administración de Biden y que no han obtenido un estatus migratorio legal, como asilo o estatus de protección temporal (TPS). Las personas que han solicitado un beneficio migratorio y están esperando una respuesta pueden seguir en el país mientras se resuelve su solicitud.
El DHS también dará prioridad a la remoción expedita de aquellos que no hayan solicitado un beneficio migratorio, y que no cuenten con una razón legal para permanecer en el país.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes critican la expansión de la remoción acelerada (expedited removal), que elimina la necesidad de una audiencia judicial.