La aprobación de la reforma migratoria está en su punto crucial y crece la expectativa para beneficiarios de DACA o "dreamers", personas con TPS o "tepesianos", trabajadores agrícolas y además de otros considerados esenciales.
La posible legalización de estos inmigrantes forma parte de un proceso legislativo conocido como "reconciliación presupuestaria".
¿Qué es la conciliación presupuestaria?
Normalmente, para que un proyecto se convierta en ley debe aprobarse en ambas cámaras del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.
En general, en la Cámara de Representantes un proyecto de ley se aprueba cuando al menos la mitad de los 435 miembros más uno, lo apoyan (es decir 218).
En el Senado, sin embargo, se requiere que la mayoría de la legislación sea apoyada por más de la mitad de los senadores, al menos 60 de los 100 en total.
Debido a que es poco común que un partido gane 60 escaños o más, los senadores a menudo deben elegir entre: no actuar cuando las dos partes no estén de acuerdo, o redactar un proyecto de ley que ambas partes puedan apoyar.
A veces, sin embargo, el partido en el poder puede usar reglas especiales para aprobar una pequeña cantidad de proyectos de la ley de presupuesto en el Senado con solo 50 votos. Eso es la reconciliación presupuestaria, que es lo que está sucediendo ahora.
En un Senado dividido al 50 % entre los partidos, el vicepresidente rompe el empate con su voto.
Si bien la reconciliación estaba destinada a ayudar al Congreso a aprobar los proyectos de ley presupuestarios, ahora se usa para pasar todo tipo de leyes.
¿En qué punto está la reforma migratoria?
Hace una semana los demócratas que impulsan la ley junto los pocos republicanos a favor, presentaron sus argumentos a la parlamentaria apartidista Elizabeth MacDonough, cuya labor es decidir si los cambios a la ley de inmigración son elegibles para admitirlos en el presupuesto a prueba de obstruccionismo republicano.
Los demócratas optaron por la vía de la reconciliación legislativa tras reconocer la falta de apoyo desde el lado de los republicanos. En esta instancia la aprobación solo requeriría 51 votos en el Senado, que a su vez cuenta con 50 votos demócratas y 50 republicanos.
El proyecto de ley de reconciliación del presupuesto debe estar listo antes de la fecha límite del 27 de septiembre.
Impacto económico de la reforma en el país
La principal preocupación es si la reforma migratoria cabe dentro del proceso de "reconciliación presupuestaria de 3.5 billones de dólares", debido al impacto sustancial que pueden tener las medidas en la economía del país.
Existen argumentos en favor y por supuesto en contra de cómo afectaría legalizar a millones de inmigrantes.
Por un lado, una vez elegibles para los programas de beneficios sociales, los inmigrantes elevarán considerablemente el costo de los mismos. No obstante, también encuentran posible que parte de esos costos sean asumidos por los impuestos que deberían pagar ellos mismos.
Asimismo, se prevé que aumenten los ingresos fiscales, así como la productividad y el desarrollo del país.
Optimismo, nervios y esperanza
La reforma abriría una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes. Y es un punto de honor del presidente Joe Bien, cuya campaña se centró en esa promesa.
Aunque ya no abarca a una mayoría amplia de inmigrantes, los que se beneficiarían guardan grandes esperanzas. Se trata de personas acogidas en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, conocidos como "dreamers" o "soñadores"); los que tienen Estatus de Protección Temporal (TPS); los trabajadores agrícolas; y los trabajadores clasificados como "esenciales".
Del lado de los demócratas hay optimismo por la reforma parcial. Tal es el caso de Dick Durbin quien señaló a NBC News "Estoy perdiendo el sueño. Es la mejor oportunidad que hemos tenido en 20 años".
Por su parte, el senador demócrata por California Alex Padilla, considera una "necesidad de lograrlo mediante la reconciliación", al tiempo que admitió que hay nerviosismo entre los que apoyan los cambios.
En contraparte, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, sostiene que "esto no es un asunto presupuestario, es un cambio de política importante".
Por el momento las cartas están echadas y solo queda esperar conocer si están dentro de las reglas del juego.